El secretario del agua de Guanajuato ataja las críticas al futuro acueducto: “El 55% del agua se tira, la vamos a recuperar”
«No necesitamos más agua, lo que necesitamos es cuidar la que tenemos», dijo el ingeniero José Lara Lona, titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) de Guanajuato, en respuesta a las protestas que ha generado el proyecto del acueducto Solís‑León. El plan, que llevaría agua de la presa Solís hacia León a una distancia de poco más de 200 kilómetros, suma un presupuesto federal y estatal de 15.000 millones de pesos y ha provocado la oposición de productores, agricultores y grupos ambientalistas en las últimas semanas.
Para Lara Lona la raíz del conflicto es, en buena medida, la desinformación. En sus declaraciones asegura que hoy «un 55% del agua se está tirando» por fugas, rebases y pérdidas en sistemas de distribución, y que el acueducto permitirá recuperar ese volumen para abastecer a cinco ciudades: Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León. «No vamos a extraer más, vamos a aprovechar lo que se pierde», insistió.
Qué propone el proyecto
Según la SAMA, el acueducto Solís‑León busca mejorar el abastecimiento urbano y reducir la presión sobre pozos locales mediante la conducción de agua desde la presa Solís. La Secretaría habla de obras de captación, conducción y plantas de afluentes que integrarían el sistema regional.
| Concepto | Dato |
| Presupuesto | 15.000 millones de pesos (federal y estatal) |
| Longitud aproximada | Un poco más de 200 kilómetros |
| Ciudades beneficiadas | Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León |
| Fuente citada | Secretaría del Agua y Medio Ambiente de Guanajuato |
Reacciones y preocupaciones
En las comunidades rurales cercanas a la presa y a los tramos previstos del acueducto, productores y representantes de organizaciones civiles han expresado dudas sobre el destino real del agua y el impacto en el abastecimiento agrícola. Entre las demandas recurrentes están la consulta previa, la transparencia en los estudios de impacto ambiental y garantías para usos agrícolas que hoy dependen del mismo sistema hídrico.
Los ambientalistas advierten sobre el riesgo para ecosistemas locales y acuíferos si la extracción o conducción no se acompaña de medidas de mitigación. Piden, además, auditorías independientes y mayor participación de la ciudadanía en las decisiones.
Qué hay detrás del «55%»
La cifra que repite el secretario —que más de la mitad del agua se pierde en el sistema— toca un punto real y debatido en gestión hídrica: las llamadas pérdidas físicas y comerciales en redes de agua. Expertos y organismos internacionales suelen señalar que pérdidas superiores al 20% indican problemas estructurales y mala gestión. Recuperarlas implica inversión en reparación de redes, medición, control de fugas y cobro eficiente.
En ese sentido, la versión oficial sostiene que el acueducto no solo transportará agua, sino que formará parte de un paquete de acciones para reducir pérdidas y mejorar la gestión en los sistemas urbanos. Sin embargo, varios actores piden que esas medidas sean verificables, calendarizadas y con recursos específicos, no solo promesas en el discurso.
Impactos positivos esperados
- Mejorar el abastecimiento urbano en ciudades con creciente demanda.
- Reducir la sobreexplotación de pozos locales si realmente se sustituye volumen por agua superficial tratada.
- Posibilidad de operar redes con mayor resiliencia ante sequías si se combinan con medidas de conservación y reutilización.
Riesgos y desafíos
- Percepción pública negativa por la falta de información y consulta.
- Posible afectación a usos agrícolas locales si no hay acuerdos claros sobre asignaciones de agua.
- Si la reducción de pérdidas no se demuestra con datos, el acueducto podría convertirse en una transferencia de presión hídrica en lugar de una solución integral.
Lo que piden ciudadanos y especialistas
Productores y activistas exigen que el proceso incluya: auditorías independientes de los volúmenes disponibles, acceso público a los estudios de impacto ambiental, mesas de diálogo con representación amplia y compromisos contractuales sobre mitigación de impactos. Por su parte, técnicos consultados recomiendan priorizar la reparación de redes, el control de pérdidas y programas de gestión de demanda como pasos paralelos e ineludibles.
Qué sigue
La SAMA ha anunciado que continuará con las fases de planeación y que buscará «aclarar dudas» en reuniones públicas. Para que el proyecto avance con aceptación social será necesario traducir promesas en acciones verificables: cronogramas, indicadores de reducción de pérdidas y mecanismos de participación ciudadana. En otras palabras, no basta con construir un conducto de agua si antes no se tapa la tubería que se fuga en la casa.
La discusión alrededor del acueducto Solís‑León confronta dos necesidades urgentes: garantizar agua para ciudades en crecimiento y proteger los derechos y medios de vida de comunidades rurales. El desafío para las autoridades será demostrar, con datos y transparencia, que la infraestructura es parte de una estrategia integral y no solo una obra espectacular que deja sin respuesta los reclamos locales.
Este reportaje recoge declaraciones del titular de la SAMA y las preocupaciones expresadas por productores y organizaciones ambientalistas. Seguiremos el avance del proyecto y la respuesta de las autoridades a las demandas de transparencia y participación ciudadana.