Sheinbaum: Sinaloa era “tranquilo” hasta antes de la entrega de “El Mayo” Zambada a EU
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Sinaloa mantenía condiciones de relativa tranquilidad hasta la entrega a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, y subrayó que el apoyo que el gobierno federal brinda al estado es integral, coordinado entre la policía estatal y las fuerzas federales, y adaptado a las particularidades locales.
En una breve declaración pública, la mandataria explicó que la estrategia de seguridad combina presencia operativa, intercambio de inteligencia y trabajo con las autoridades estatales para atender las nuevas dinámicas que surgen tras detenciones y traslados de líderes del crimen organizado. “El apoyo que se da al estado es integral, entre policía estatal y las fuerzas federales, además de que tiene sus particularidades”, dijo la presidenta.
El señalamiento toca un punto sensible: la calma aparente en Sinaloa, históricamente ligada al poder del cartel que lleva ese nombre, puede verse alterada cuando se producen movimientos relevantes —arrestos, extradiciones o reaperturas de espacios de disputa por el control del territorio—. Expertos en seguridad consultados en otras ocasiones señalan que la captura o salida de un capo no siempre significa menos violencia; a veces provoca vacíos de poder y reacomodos entre grupos criminales que elevan la tensión a corto plazo.
Qué está en juego
- Seguridad inmediata: mayor presencia militar y policiaca busca detener repuntes de violencia y contener enfrentamientos entre facciones.
- Justicia y orden público: la coordinación entre fiscalías y fuerzas es clave para persecución de delitos y la reparación del daño a víctimas.
- Vida cotidiana: comercio, pesca y transporte pueden verse afectados por cierres de carreteras, toques de queda oficiosos o miedo social.
- Percepción ciudadana: la confianza en las instituciones depende no solo de la reducción de homicidios, sino de la transparencia y resultados en investigaciones y juicios.
Riesgos y oportunidades
| Riesgos | Oportunidades |
| Vacío de poder que genere enfrentamientos entre grupos | Refuerzo institucional para fortalecer investigaciones y judicializar casos |
| Impacto en la economía local y la movilidad | Programas sociales focalizados para reducir reclutamiento del crimen |
| Desconfianza ciudadana si no hay explicaciones públicas claras | Transparencia y comunicación que fomenten la participación comunitaria |
Analistas y organizaciones civiles han advertido desde hace tiempo que cualquier operación de alto impacto —incluida una entrega o extradición— debe ir acompañada de políticas públicas que ataquen las causas profundas: pobreza, falta de oportunidades, corrupción y debilidad del sistema de justicia. Sin atención a esos factores, la dinámica de violencia puede ser cíclica.
En el terreno práctico, la coordinación que mencionó la presidenta implica acciones concretas como el intercambio de información criminal, operativos conjuntos y la presencia de unidades especiales en rutas y municipios con mayor riesgo. Para que esas medidas sean efectivas y legítimas, especialistas y comunidades piden además:
- Transparencia sobre objetivos y resultados de los operativos.
- Protección efectiva y atención a víctimas y testigos.
- Invertir en empleos, educación y programas comunitarios que ofrezcan alternativas al delito.
- Fortalecer la procuración e impartición de justicia para evitar impunidad.
El cambio de escenario en Sinaloa tras la salida de un cabecilla como “El Mayo” coloca a autoridades y sociedad frente a una encrucijada: aprovechar la oportunidad para consolidar instituciones y ofrecer vías de vida digna, o resignarse a que la lucha por el control territorial genere nuevos episodios de violencia. La respuesta, como apuntó la presidenta, requiere trabajo conjunto entre policías estatales, fuerzas federales y las propias comunidades.
Seguiremos informando y verificando los datos oficiales sobre cualquier operación o cambio en la estrategia de seguridad en Sinaloa, y mostrando cómo esas decisiones impactan en la vida diaria de las personas que habitan el estado.