Sheinbaum responsabiliza a Peña Nieto por las concesiones fiscales a la FIFA
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum responsabilizó este lunes al expresidente Enrique Peña Nieto por los acuerdos fiscales que favorecen a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y que, aunque han sido acotados por la actual administración, seguirán exentos durante el Mundial de 2026 celebrado en territorio mexicano.
En la rueda de prensa presidencial, Sheinbaum explicó que “se había firmado algo en el 2016 para que se llevara a cabo el Mundial en México. Quedaba varios años de exención de impuestos, se redujo a un año y se acotó por parte de la Secretaría de Hacienda”. Con ello, las mesas de trabajo del Gobierno federal lograron limitar las exenciones fiscales al ejercicio 2026, pero no eliminar por completo la dispensa tributaria para los actos relacionados con el torneo.
¿Qué se modificó y qué queda igual? La negociación entre Hacienda y las oficinas que representan a la FIFA logró reducir el periodo de exención, pero no revocar las ventajas solicitadas por la organización deportiva. En términos prácticos, los ingresos directos de la FIFA y sus empresas por actividades vinculadas al Mundial en México seguirán sin pagar impuestos federales durante el año 2026, según lo explicado por la Presidencia.
| Aspecto | Convenio original (2016) | Ajuste por el Gobierno (anuncio 2024-2025) |
|---|---|---|
| Duración de exención | Plurianual (varios años restantes) | Limitada al ejercicio fiscal 2026 |
| Ámbitos afectados | Solicitudes típicas: IVA, ISR y aranceles | Se mantienen exenciones puntuales durante 2026 |
Lo que está en juego para la sociedad
- Menos ingresos fiscales. Cada peso exento para la FIFA potencialmente es un peso menos para salud, educación o seguridad. El monto exacto aún no ha sido publicado públicamente.
- Beneficios económicos locales. El Mundial genera actividad turística, empleos temporales y derrama en hoteles y restaurantes; esa es la parte positiva que el Gobierno ha destacado para justificar algunos acuerdos.
- Transparencia y rendición. Ciudadanos y organismos civiles han pedido que se hagan públicos los convenios completos y sus estimaciones de impacto presupuestario para que la sociedad evalúe el balance entre costos y beneficios.
Contexto y reacciones
Las solicitudes de FIFA para grandes torneos suelen incluir exenciones de impuestos directos e indirectos, permisos aduaneros temporales y facilidades operativas para infraestructura y logística. En México, el punto central de la discusión ha sido hasta qué grado esas exenciones deben mantenerse si ya fueron pactadas en administraciones anteriores.
La oposición política y algunos analistas económicos han aprovechado el anuncio para cuestionar la entrega de prerrogativas a organismos internacionales sin garantías claras sobre beneficios sociales. Por su parte, el Gobierno federal sostiene que la negociación limita daños y busca maximizar el beneficio público mediante mesas de trabajo entre Hacienda, la Secretaría de Gobernación y los gobiernos locales involucrados.
Qué pediría la ciudadanía y qué puede exigirse a las autoridades
- Publicar los convenios firmados y los cálculos del costo fiscal estimado por Hacienda.
- Detallar las contrapartidas: cuánto se espera en inversión, empleos y legado de infraestructura para las ciudades sede.
- Establecer mecanismos de vigilancia ciudadana y auditoría para que los beneficios se traduzcan en resultados concretos en los estados y municipios anfitriones.
Conclusión
La administración de Sheinbaum logró reducir un acuerdo heredado de 2016, pero no pudo eliminar por completo las exenciones fiscales solicitadas por la FIFA para el Mundial 2026 en México. Queda en manos del Gobierno transparentar cifras, explicar contrapartidas y garantizar que la organización del evento no signifique una pérdida neta para los servicios públicos. La ciudadanía y sus representantes tienen ahora la oportunidad de exigir claridad y que los beneficios del torneo lleguen a los barrios, empresas y trabajadores que recibirán a los visitantes.
¿Qué sigue? Hacienda debe precisar el impacto financiero y los gobiernos locales explicar cómo capitalizarán la ocasión para dejar un legado social y económico real. La fiscalización y la participación ciudadana serán clave para medir si el balance final favorece al país.