Justicia pendiente: Organizaciones exigen verdad y reparación por el incendio del INM en Ciudad Juárez
CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.- A más de un año de la tragedia que cobró la vida de decenas de migrantes en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, organizaciones civiles y representantes de las víctimas continúan alzando la voz para exigir justicia real y que los responsables rindan cuentas. Alertan que, sin avances concretos, la administración actual no puede presumir un respeto genuino por los derechos humanos en México.
El incendio, ocurrido el 27 de marzo de 2023, se convirtió en uno de los episodios más oscuros en la historia reciente de la migración en el país. Imágenes desgarradoras de las víctimas atrapadas y la lenta respuesta oficial marcaron un antes y un después, evidenciando fallas graves en la protección de personas en situación de vulnerabilidad. Las cifras oficiales hablan de 40 fallecidos y varios heridos, pero para los familiares y sobrevivientes, cada número representa una historia inconclusa y un dolor que no prescribe.
«No queremos promesas, queremos justicia»
Así lo han manifestado voceros de diversas organizaciones como el **Observatorio Nacional Ciudadano** y el **Colectivo de Derechos Humanos de El Paso**, quienes han estado acompañando a los deudos desde el primer momento. Señalan que, si bien se han presentado algunas carpetas de investigación, los procesos avanzan a paso de tortuga y las sanciones no alcanzan a quienes, desde la omisión o la acción, permitieron que la tragedia ocurriera.
La preocupación principal radica en la falta de un proceso judicial que determine responsabilidades claras y ejemplares. «Es como si quisieran que el tiempo borre lo sucedido», comentó María Elena Rodríguez, representante de una de las familias afectadas, en una reciente rueda de prensa. «Mientras no veamos que se castiga a quienes tenían la obligación de proteger a esas personas y no lo hicieron, ¿cómo podemos creer que México está cambiando en materia de derechos humanos?».
La 4T y la asignatura pendiente de los derechos humanos
La administración federal actual ha hecho de la defensa de los derechos humanos uno de sus estandartes. Sin embargo, para las organizaciones que luchan por la memoria y la justicia de las víctimas del incendio del INM, esta declaración se siente hueca si no se acompaña de acciones contundentes. Comparan la situación con un barco que se hunde: se puede gritar que se está remando bien, pero si el agua sigue entrando, la pretensión de seguridad se desmorona.
El discurso oficial, señalan, debe traducirse en resultados tangibles para las víctimas: verdad clara sobre lo sucedido, justicia que repare el daño y garantías de no repetición. La opacidad en algunos procesos y la lentitud en la investigación son señales preocupantes que siembran desconfianza.
El impacto en la vida cotidiana de los migrantes
Este incendio no solo significó una tragedia para las familias directas, sino que generó un clima de temor y desconfianza entre la población migrante que transita por el país. La expectativa de encontrar refugio y protección en las instituciones se vio brutalmente truncada. El INM, que debería ser un faro de seguridad, se convirtió para muchos en un símbolo de riesgo.
La falta de resultados en la búsqueda de justicia agrava la vulnerabilidad de los migrantes. Si quienes buscan protección no sienten que el Estado responderá ante una injusticia, es probable que recurran a redes de ayuda informal, exponiéndose a mayores peligros. Es un círculo vicioso donde la falta de confianza se traduce en mayor riesgo.
¿Qué exigen las organizaciones?
- Avances claros en las investigaciones: Que se identifique y sancione a todos los responsables, sin importar su nivel jerárquico.
- Reparación integral del daño: No solo compensación económica, sino también medidas de no repetición, atención psicológica y reconocimiento a la memoria de las víctimas.
- Transparencia en los procesos: Que la información relevante sea accesible para los familiares y la sociedad civil.
- Reformas institucionales profundas: Que garanticen que las instalaciones de migración sean seguras y que el personal esté capacitado para atender a personas en contextos de vulnerabilidad.
Las organizaciones reiteran su compromiso de seguir visibilizando el caso hasta que se logre una justicia que honre la memoria de quienes perdieron la vida y que sirva como un llamado de atención para el Estado mexicano sobre su deber ineludible de proteger a todas las personas bajo su resguardo.