Bofetada a la impunidad: La Haya declara a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyá

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha dictado una sentencia histórica: responsabiliza al Estado de Myanmar por genocidio contra la minoría rohinyá durante la ofensiva militar de 2017 y ordena medidas para reparar daños y facilitar el regreso de miles de desplazados, según comunicados de la ONU y reportes de Reuters y Amnistía Internacional.

La decisión de la CIJ, pronunciada en La Haya tras años de litigio iniciado por The Gambia en 2019, supone un precedente jurídico y político. Por primera vez la Corte declara a un Estado responsable de este crimen en el caso de los rohinyá, una comunidad musulmana que en 2017 sufrió asesinatos, violaciones y expulsiones masivas que forzaron a más de 700.000 personas a huir hacia Bangladesh, según cifras de ACNUR.

La sentencia obliga a Myanmar a adoptar medidas concretas: reparar los daños causados, garantizar el regreso seguro y voluntario de los desplazados, permitir acceso humanitario y colaborar con mecanismos de investigación independientes. También ordena proteger a la comunidad rohinyá de nuevos actos de violencia y preservar pruebas que permitan perseguir responsabilidades penales y administrativas.

El fallo pone en evidencia varias verdades incómodas. Primero, la complicidad o la omisión de instituciones civiles y militares en la represión deja una factura política que no desaparece con comunicados oficiales. Segundo, la sentencia revela los límites de la justicia internacional: sin mecanismos efectivos de ejecución, la orden de la CIJ depende en buena medida de la presión diplomática y de la cooperación de actores como la ONU y Estados regionales.

Para las familias rohinyá, la resolución es un rayo de esperanza mezclado con escepticismo. El retorno seguro exige seguridad real, reconocimiento de ciudadanía, acceso a servicios básicos y garantías contra la discriminación sistemática. Organizaciones como Amnistía Internacional han insistido en que las medidas judiciales deben acompañarse de reformas institucionales profundas en Myanmar y de apoyo sostenido a refugiados en Bangladesh, donde campamentos como Cox’s Bazar siguen al límite.

La comunidad internacional recibe una llamada de atención. La sentencia de la CIJ, recogida también por Reuters, exige coherencia entre palabras y políticas: sanciones selectivas, bloqueos de armas, apoyo a investigaciones y presión diplomática sostenida. Sin esas herramientas, las órdenes de La Haya corren el riesgo de quedarse en buenas intenciones.

Desde un enfoque ciudadano y de centroizquierda, la noticia obliga a preguntarnos qué significa realmente justicia para las víctimas: ¿una reparación económica, la restauración de derechos civiles, la garantía de retorno, o todo eso junto? El desafío es transformar esta victoria jurídica en políticas que devuelvan dignidad y seguridad a quienes fueron arrancados de sus hogares.

La CIJ ha marcado un antes y un después. Ahora toca a gobiernos, organismos humanitarios y a la sociedad civil convertir la sentencia en hechos. Si no se avanza en la implementación, la sentencia, por potente que sea, será apenas otra promesa pendiente. El tribunal habló; corresponde a la comunidad internacional escuchar y actuar, por responsabilidad y por humanidad.

Fuente: Corte Internacional de Justicia, ONU, ACNUR, Amnistía Internacional y Reuters.

Con información e imágenes de: France 24