El Salvador despliega tropas en Haití para contener ola de violencia de las pandillas
Informe de la corresponsal Liliana Flamenco
En octubre pasado, El Salvador inició el envío de un contingente militar y policial a Haití con el objetivo declarado de frenar la violencia de las pandillas que, desde el magnicidio de Jovenel Moïse, ha convertido a la nación en la más insegura de la región. Según Naciones Unidas, en los primeros diez meses de 2026 al menos 4.595 personas fueron víctimas de violencia en ese país, un dato que explicita la gravedad de la crisis humanitaria y de seguridad.
El gobierno salvadoreño, que protagoniza desde 2022 una política de mano dura contra las pandillas en su propio territorio, presentó la operación como una contribución regional para restaurar el orden y proteger corredores humanitarios. Fuentes oficiales citadas por el Ministerio de Defensa de El Salvador subrayan la necesidad de actuar con rapidez ante el avance de las bandas armadas, responsables de secuestros, incendios y bloqueos que afectan a la población civil y al abastecimiento básico.
Tanto Naciones Unidas como organizaciones de derechos humanos han valorado la intención de ayudar, pero han pedido garantías claras sobre la legalidad del despliegue, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han señalado, en reportes recientes, los riesgos asociados a intervenciones militares sin un refuerzo paralelo de las instituciones judiciales y penitenciarias.
En terreno, nuestra corresponsal Liliana Flamenco recoge el temor de comerciantes y vecinas en barrios periféricos de Puerto Príncipe: “Queremos seguridad, pero tememos que la presencia militar no cambie lo básico: impunidad y pobreza”, dice una fuente local que pide anonimato. La fragilidad del Estado haitiano, la falta de policías formados y la corrupción estructural son elementos que, según expertos consultados por este periódico, pueden convertir cualquier reducción temporal de la violencia en un alivio pasajero si no se acompaña de reconstrucción institucional.
La experiencia salvadoreña de emergencias de seguridad —incluido el internamiento masivo de detenidos y estados de excepción prolongados— genera dudas entre sectores civiles y académicos. Para críticos de centro izquierda, la exportación de un modelo puramente represivo puede reproducir efectos secundarios: desprotección de derechos, desplazamientos forzados y debilitamiento de procesos democráticos, sin garantizar reformas judiciales ni políticas socioeconómicas que ataquen las causas profundas de la violencia.
Por otra parte, autoridades sanitarias y organismos humanitarios han advertido que la inseguridad limita la llegada de ayuda básica. En ese sentido, los defensores del despliegue sostienen que una mayor seguridad inmediata podría facilitar la entrada de asistencia internacional y la recuperación de servicios esenciales.
Este periódico ha consultado informes de Naciones Unidas y declaraciones oficiales del Gobierno de El Salvador para reconstruir el marco del envío. La tensión entre necesidad humanitaria y riesgos políticos marca el debate: ¿puede una solución militar contener un problema que también exige justicia, empleo y diálogo social? La respuesta dependerá, en buena medida, de la transparencia del operativo, de la supervisión internacional y de que los recursos destinados a seguridad vayan acompañados de medidas claras para fortalecer la institucionalidad haitiana.
La región observa con atención. Si bien la cooperación internacional es imprescindible, advierten especialistas, no hay atajos: sin policías formados, fiscales independientes y programas de reinserción social, cualquier descenso temporal de la violencia corre el riesgo de ser solo una pausa en una espiral que exige políticas integrales y responsabilidad compartida.

