Cien días de De la Espriella: sismo, ofensiva militar y promesas de reconstrucción pendientes
Tres días después de asumir la Presidencia, el 7 de agosto de 2026, Abelardo de la Espriella vivió un bautizo de fuego: un terremoto de magnitud 7,4 que, según el Ministerio de Salud, dejó más de 300 muertos, miles de heridos y daños millonarios. A ese desastre natural se sumó una respuesta de seguridad pública sin concesiones: bombardeos, operaciones contra carteles y grupos armados y la militarización de ciudades. Cien días después, el balance evidencia avances limitados, costos sociales crecientes y una reconstrucción que no termina de arrancar.
El Gobierno creó el Fondo Milagro para canalizar donaciones públicas y privadas y prometió agilidad en la entrega de ayudas. En la práctica, vecinos y alcaldías consultados por este periódico relatan trámites demorados, casas marcadas por escombros y centros de salud que siguen funcionando a puertas cerradas. La Cruz Roja Colombiana y organizaciones humanitarias han alertado sobre la necesidad de acelerar la atención primaria y rehacer viviendas, pero denuncian problemas de coordinación entre entidades nacionales y locales.
En materia de seguridad, el Ministerio de Defensa ha destacado operaciones que, asegura, golpean la logística de carteles y guerrillas. Sin embargo, la estrategia militar lleva aparejada una factura social: habitantes de barrios intervenidos describen toques de queda, presencia de tropas en calles y daños colaterales en comercios y hogares. Para muchas familias, la vida cotidiana se ha vuelto más precaria: menos movilidad, menos clientes para quienes dependen del comercio informal y un ambiente de miedo que recuerda a otras oleadas de militarización.
La reforma fiscal impulsada por el Gobierno alimenta otra fuente de tensión. La norma, criticada por organizaciones sociales y sectores de la academia, incluye gravámenes que afectan productos básicos, según análisis preliminares del Ministerio de Hacienda y del Banco de la República. Economistas consultados por este diario advierten que aumentar la presión tributaria sobre bienes de consumo puede profundizar la pobreza y reducir el poder de compra en un país que aún se recupera del desastre.
En el plano internacional, De la Espriella ha buscado un acercamiento más estrecho con Estados Unidos, tanto en cooperación en seguridad como en asistencia técnica para reconstrucción. Funcionarios del Gobierno defienden la alianza como necesaria para desmantelar redes criminales; críticos, incluidos sectores de la sociedad civil entrevistados por este medio, temen que el énfasis en la respuesta militar deje de lado la inversión social y la reparación integral de las víctimas del sismo.
La reconstrucción enfrenta además problemas administrativos. Según registros internos del Fondo Milagro a los que tuvo acceso este periódico, hay contratos en marcha pero pocos proyectos entregados a la comunidad. Alcaldes de las zonas más afectadas denuncian cuellos de botella: licitaciones paralizadas, falta de personal técnico y la necesidad de priorizar proyectos de agua, vivienda y salud que aún esperan recursos.
En los barrios, las historias concretan el drama: una madre que vende empanadas explica que su puesto quedó entre ruinas tras el temblor y que, tres meses después, no ha recibido ayuda decisiva; un pequeño comerciante cuenta que los bombardeos cercanos redujeron su clientela a la mitad. Son ejemplos que muestran cómo las políticas públicas se traducen, en la práctica, en mayor fragilidad económica para los más vulnerables.
El reto inmediato es doble: por un lado, acelerar la reconstrucción con criterios de transparencia y participación ciudadana; por otro, revisar una estrategia de seguridad que combine la acción contra el crimen con medidas de protección a la población y garantía de derechos. En este punto organizaciones como la Cruz Roja Colombiana y la Defensoría del Pueblo han pedido protocolos más claros para evitar daños colaterales y garantizar atención humanitaria.
Dicen quienes conocen la realidad local que la reconstrucción no puede ser un eslogan publicitario: necesita inversión sostenida, control ciudadano de los recursos y un enfoque que ponga en el centro la vida diaria de la gente. Tras 100 días, los escombros del sismo no solo son materiales; son la metáfora de promesas que aún esperan concreto y planificación.
Este diario continuará el seguimiento del Fondo Milagro, las cifras oficiales del Ministerio de Salud y de Defensa Nacional y las voces de las comunidades afectadas para evaluar si las políticas del Ejecutivo empiezan a transformar, de verdad, las condiciones de quienes más lo necesitan.

