Pese a la baja, siete estados concentran la mitad de los homicidios del país
El Gobierno de México presentó las cifras de seguridad de este año: delitos a la baja en términos generales, pero con un fuerte sesgo geográfico. Siete entidades concentran la mitad de los homicidios registrados, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La postal que ofrece el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) es ambivalente. En conjunto, algunas categorías delictivas muestran descensos; sin embargo, la violencia letal no está distribuida de manera homogénea: Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Baja California aparecen como los focos donde se concentra cerca del 50% de los homicidios del país.
Es decir, mientras el promedio nacional puede dar la impresión de mejoría, muchas familias viven una realidad distinta: barrios donde la noche sigue siendo peligrosa, mercados que pierden clientes y escuelas cuyos padres temen enviar a los hijos. La estadística, en este caso, funciona como un termómetro con zonas que presentan fiebre alta.
El Gobierno de México ha celebrado la reducción en delitos específicos y atribuye parte del avance a operativos coordinados y a la presencia federal en zonas críticas. No obstante, organizaciones como el Observatorio Nacional Ciudadano y expertos en seguridad advierten que la caída de la cifra general no equivale a una experiencia de seguridad compartida por todas las comunidades. Para quienes viven en esos siete estados, la sensación de impunidad y la normalización de la violencia persisten.
¿Qué explica la concentración? La combinación de disputas por rutas y mercados ilícitos, cárceles sobrepobladas, deficiencias en procuración de justicia y desigualdades socioeconómicas crea territorios donde la violencia se reproduce con facilidad. Además, la estrategia centrada en presencia militar y operativos, sin un robusto acompañamiento en prevención social, generación de empleo y fortalecimiento del sistema judicial, ofrece resultados limitados a mediano plazo.
Desde una perspectiva práctica, esto significa que la política de seguridad necesita pasar de la lógica del promedio a la lógica del foco. Más recursos para investigaciones locales, fiscalías especializadas que no estén rebasadas, intervención en comunidades con programas de salud mental, educación y empleo juvenil, así como un mayor escrutinio de la ejecución presupuestaria son medidas reclamadas por especialistas y ciudadanos.
El reto es doble: sostener las tendencias positivas a nivel nacional sin perder de vista que combatir la violencia es también reconstruir tejido social. Como apunta el debate público impulsado por la academia y organizaciones civiles, la mejora real llegará cuando las cifras respiren al mismo ritmo que la gente en las calles, plazas y escuelas.
El SESNSP y la Secretaría de Seguridad han hecho públicos los números; ahora corresponde a gobiernos estatales y municipales, con la supervisión de la sociedad civil y la prensa, convertir datos en políticas que afecten la vida cotidiana de quienes más lo necesitan.

