Ine bajo la lupa: 19 irregularidades por 178.4 mdp y 10 pasan a investigación de la ASF
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) amplió su revisión sobre los contratos de material electoral otorgados desde 2000 y dejó al descubierto un saldo preocupante para el Instituto Nacional Electoral (INE). Desde la cuenta pública 2016, los registros de la ASF acumulan 19 acciones sin resolver por irregularidades que suman 178.4 millones de pesos; de ese monto, 10 casos por 111.9 millones ya fueron turnados a la Dirección General de Investigación (DGI) para indagar posibles responsabilidades administrativas.
En cristiano: parte del dinero destinado a organizar la democracia está atrapado en trámites de depuración y posibles sanciones. La ASF subraya que cuando una auditoría no se solventa, el foco se vuelve sobre servidores públicos y proveedores, y la DGI asume el papel de investigar si hubo mala práctica, omisión o incluso irregularidades intencionales.
El escrutinio llega en un momento sensible. Las contrataciones de material electoral son ejercicios de alta complejidad técnica y alto impacto público: desde las boletas hasta la logística de preparación de casillas. Cada peso que queda sin justificar erosiona la confianza ciudadana y encarece la operación de procesos electorales que deberían ser ejemplares en transparencia.
La historia no es nueva. La ASF ha venido rastreando anomalías vinculadas a proveedores y contratos de impresión y suministro desde principios de siglo. El hecho de que buena parte de las observaciones —casi dos terceras partes del monto observado— hayan sido turnadas a investigación sugiere que el INE no logró aclarar las dudas en la etapa administrativa, según el propio informe de la Auditoría.
Para la ciudadanía significa dos cosas: por un lado, la posibilidad de recuperar recursos o sancionar a responsables; por otro, el riesgo de que procesos internos y litigios distraigan al instituto de su misión central: organizar elecciones y proteger el derecho al voto. Expertos consultados por este diario señalan que es urgente fortalecer controles internos, profesionalizar contrataciones y publicar contratos y conciliaciones con claridad para que la gente pueda fiscalizar.
El INE, por su parte, tiene la oportunidad de colaborar de manera proactiva con la ASF, acelerar aclaraciones y abrir sus procesos para restaurar confianza. La arquitectura institucional lo permite, pero requiere voluntad y rapidez: las indagatorias de la DGI pueden prolongarse y, mientras tanto, la percepción pública se deteriora.
La Auditoría Superior de la Federación y la Dirección General de Investigación son las fuentes oficiales que avalan las cifras. Lo que está en juego es más que contabilidad: es la garantía de que los recursos públicos destinados a la democracia se manejan con pulcritud. Si la rendición de cuentas falla, el costo lo paga la ciudadanía, no solo en dinero, sino en legitimidad.

