Ciudad de México apuesta por búsquedas inmediatas frente a la ola de desapariciones
Por: Redacción
En un país con más de 130,000 denuncias por desaparición, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación, la Ciudad de México presentó esta semana un nuevo modelo para acelerar las búsquedas y simplificar la denuncia.
La propuesta, anunciada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), promete reducir los tiempos de respuesta y crear equipos de reacción inmediata que actúen en las primeras 24 a 72 horas tras la alerta. La iniciativa busca también una ventanilla única para recibir denuncias, atención psicológica a familiares y mayor coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y colectivos de búsqueda que operan en la capital.
Para quienes han vivido la desaparición de un ser querido, las palabras suenan a promesa conocida. Colectivos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) han denunciado durante años retrasos, trámites inútiles y trato insensible por parte de autoridades. “El primer día es clave”, dice el diagnóstico repetido por especialistas y organizaciones, pero a menudo ese primer día se convierte en una espera burocrática.
La FGJCDMX defiende que el nuevo modelo atenderá las críticas: menor burocracia para presentar la denuncia, protocolos homologados para la búsqueda y capacitación de ministerios públicos y policías. También plantea fortalecer al Servicio Médico Forense para acelerar la identificación de restos, un cuello de botella que organizaciones como Amnistía Internacional han señalado en múltiples informes sobre la crisis de desaparición en México.
Las cifras públicas respaldan la urgencia. El RNPDNO registra más de 130,000 casos a nivel nacional; en la Ciudad de México hay miles de carpetas abiertas y un rezago en investigación y procesamiento forense que no solo retrasa la localización, sino que profundiza el sufrimiento de las familias.
Expertos consultados por este diario señalan que la medida puede funcionar si se cumplen tres condiciones básicas: recursos suficientes, coordinación real entre instancias y supervisión independiente. Sin estas tres piezas, dicen, cualquier “unidad inmediata” corre el riesgo de ser solo una etiqueta más.
Además del diseño institucional, la aplicación concreta importa: unidades que salgan con mapas, celulares y equipos de rastreo en las primeras horas; bases de datos actualizadas y compatibles entre Fiscalía, CNB y Guardia Nacional; y medidas de acompañamiento para las familias que muchas veces enfrentan no solo el dolor sino la revictimización por parte del propio Estado.
Hay ejemplos en otras entidades donde la implementación parcial demostró avances reales: búsquedas coordinadas que permitieron hallazgos y aceleraron identificación. Pero también hay historias contrarias: promesas que quedaron en documentos y procedimientos que perpetúan la demora. La CDHDF y la CNB han pedido desde hace tiempo indicadores públicos y auditorías para medir resultados, una exigencia que la FGJCDMX dice asumir.
Por ahora, las familias reclaman dos cosas simples y difíciles: acción rápida y verdad. Si la Ciudad de México logra que la maquinaria pública pase de la letra a la improvisación a la eficacia, cientos de búsquedas podrían dejar de perderse en la burocracia. Si no, la nueva estrategia será otro intento fallido en una carpeta ya demasiado gruesa del país.
La ciudadanía puede exigir transparencia: pedir a la FGJCDMX informes periódicos sobre tiempos de inicio de búsqueda, número de operativos realizados y resultados de identificación, así como auditorías de la implementación por parte de la CNB y la CDHDF. Sin rendición de cuentas, las promesas se quedan en titulares; con ella, pueden convertirse en rescates y en respuestas reales para las familias.