Riva Palacio alerta sobre un subregistro de homicidios del 21.1% en cifras oficiales
Por un corresponsal
El periodista Raymundo Riva Palacio puso en jaque la credibilidad de los reportes de seguridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum al dar a conocer una discrepancia de 21.1%, equivalente a cinco mil 140 casos en octubre, entre las cifras oficiales y los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. La diferencia, según Riva Palacio, no es un simple desfasaje numérico: es una grieta en la confianza pública.
INEGI y las autoridades federales muestran, mes a mes, dos trazos distintos sobre la violencia homicida en el país. Para una familia, esa diferencia no es estadística: es la diferencia entre recibir atención, verdad y reparación, o permanecer en la incertidumbre. Para las políticas públicas, significa asignar recursos sobre un mapa que puede estar distorsionado.
Riva Palacio advirtió que la discrepancia obliga a preguntarse si los números oficiales reflejan la realidad o si, por el contrario, construyen una narrativa complaciente que maquilla el problema. En su columna, subrayó que no se trata solo de ajustar cifras, sino de entender las causas de la divergencia: reportes incompletos, diferencias en metodologías de registro o fallas institucionales en la recopilación de datos.
Especialistas consultados en informes recientes del INEGI han señalado que la comparativa entre fuentes requiere transparencia metodológica y auditorías independientes. Si las autoridades federales y el INEGI no armonizan criterios y procesos, el debate público se empantanará en tecnicismos mientras la violencia real sigue afectando barrios, escuelas y familias.
La importancia política es evidente. Un subregistro sistemático puede generar una sensación de mejora que no existe, desacreditar políticas efectivas y proteger decisiones equivocadas. Desde una perspectiva social, la falta de cifras confiables socava la memoria de las víctimas y dificulta la reconstrucción del tejido comunitario.
Frente a esto, la salida no es solo crítica. Riva Palacio propone, y reclaman diversos analistas, medidas concretas: auditorías externas sobre los registros de homicidios, coordinación técnica entre INEGI y las instancias de seguridad del gobierno federal, inversión en registros forenses y en capacitación de los fiscales locales. La transparencia y la rendición de cuentas son herramientas básicas para recuperar la confianza.
El llamado resuena en la opinión pública: los datos no son una cuestión de márketing gubernamental, son la base para diseñar políticas de prevención, justicia y atención a las víctimas. Si la cifra que se muestra al país no coincide con la que registran las oficinas encargadas de medir la realidad, la política pública pierde brújula y la ciudadanía pierde confianza.
Riva Palacio puso el foco. Ahora le toca al Gobierno federal, al INEGI y a la sociedad civil abrir las ventanas, confrontar los números y construir un inventario compartido de la violencia. Sin diagnósticos confiables, cualquier receta será, como dice la experiencia, curita sobre una herida que requiere cirugía y cuidados a largo plazo.
Fuentes: Raymundo Riva Palacio, INEGI y reportes oficiales del Gobierno federal.