Recorte deja al instituto electoral sin 6 mil mdp; sheinbaum promete elecciones sin crisis
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 reasignó 6 mil millones de pesos que estaban previstos para el Instituto Nacional Electoral (INE) a distintos programas del gobierno, según el documento aprobado por la Cámara de Diputados. La Presidencia y la Secretaría de Hacienda defendieron la decisión; el INE advirtió sobre riesgos operativos.
La retirada de 6 mil millones de pesos del presupuesto del INE no es solo un ajuste contable: es menos tinta para boletas, menos brigadas de capacitación, menos casillas móviles en zonas remotas y menor capacidad técnica para fiscalizar campañas. Así lo alertó el propio Instituto Nacional Electoral en un comunicado en el que pidió claridad sobre la reasignación de recursos y explicó que la reducción puede afectar la organización de comicios locales y federales.
Desde Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, aseguró en su mensaje que los comicios «se realizarán sin crisis» y atribuyó el recorte a una priorización de programas sociales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) justificó la medida como una reorientación hacia rubros que, dijo, atienden urgencias sociales. Esa misma reasignación aparece consignada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, aprobado por la Cámara de Diputados.
Las instituciones públicas ofrecen dos versiones: el gobierno habla de justicia social y eficiencia; el INE advierte sobre la salud operativa de la democracia. Entre ambos polos quedan los ciudadanos que, en elecciones pasadas, han visto cómo retrasos en la entrega de paquetes, errores en el conteo o escasez de capacitadores han complicado su derecho a votar. Organizaciones civiles y académicos consultados por este diario piden documentos y mesas técnicas para que la reasignación no se traduzca en pérdida de integridad electoral.
Imaginemos un pueblo donde la casilla itinerante del año anterior no llegó por falta de presupuesto: quienes trabajan por turnos, personas mayores y quienes viven en periferias son los primeros en perder acceso. Esa es la consecuencia práctica que alertan los especialistas del Instituto Nacional Electoral y grupos de observación electoral.
El debate ahora va más allá del monto: se trata de mecanismos. ¿Se mantendrá la transparencia en el gasto electoral? ¿Habrá compensaciones a través de organismos autónomos o convenios con gobiernos estatales? El INE ha pedido reuniones con Hacienda y la Secretaría de Gobernación para definir flujos y garantizar que la logística y la fiscalización no se debiliten.
Desde la perspectiva de la izquierda crítica y social, que impulsa políticas públicas para reducir desigualdades, recortar a la institución que organiza la competencia democrática tiene un efecto perverso: debilita el árbitro que protege esas mismas políticas. Por eso organizaciones y actores políticos exigen que cualquier ajuste venga acompañado de auditorías públicas, salvaguardas para la jornada electoral y participación ciudadana en la supervisión.
En los próximos días, la discusión seguirá en comisiones y foros públicos. La Presidencia, la SHCP y el INE figuran como fuentes principales de este proceso y deberán transparentar cada movimiento. La prioridad para la ciudadanía es sencilla: que las promesas de «elecciones sin crisis» se traduzcan en recursos y procedimientos que garanticen el voto, no en titulares celebratorios.