Imposible hablar de democracia mientras persista el feminicidio. Ese fue el contundente mensaje de Marcela Lagarde, destacado en Gaceta UNAM. Y no puedo estar más de acuerdo. No hay democracia posible cuando la vida de las mujeres sigue siendo vulnerada de forma sistemática, cuando el Estado es incapaz de garantizar su seguridad y mucho menos su justicia.
En los últimos días, hemos visto cómo los feminicidios y las exigencias de justicia se han multiplicado, lamentablemente, en todos los rincones del país. En Veracruz, la indignación social se encendió tras el feminicidio de la modelo Danna Itzel. Familiares y colectivos salieron nuevamente a exigir justicia, según reporta Quadratín México. No se trata de un caso aislado; es una tragedia repetida que revela la persistente impunidad y la falta de respuestas eficaces por parte de las autoridades.
La crudeza de estos hechos se acentúa al saber que México ha tenido que ofrecer asilo político a Nadia Beller, sobreviviente de un intento de feminicidio a manos de su expareja, como informaron LatinUS, EL PAÍS, SPR Informa y Periódico Zócalo. Que una mujer deba huir de su país y buscar refugio en otro Estado para salvar la vida ilustra el fracaso no solo de las instituciones bolivianas, sino también la urgencia de que México fortalezca sus propios mecanismos de protección. Porque aquí tampoco estamos exentos: basta leer las noticias recientes sobre casos en Oaxaca, Tláhuac o la violencia que sufren mujeres mayores, como Angelina Julieta en el Estado de México (La Jornada Estado de México).
La impunidad como norma
El panorama se vuelve aún más desolador cuando recordamos que, como señala Tlachinollan, defender los derechos humanos en México puede costar la vida. Y si a eso sumamos la impunidad que todo lo agrava, el derecho a la vida y a la justicia se vuelve una aspiración lejana para miles de mujeres y sus familias. El feminicidio no solo arrebata vidas; quebranta familias, comunidades y erosiona la confianza en las instituciones.
Las exigencias de justicia tras cada feminicidio (Danna Itzel, Zaira Marbeli, Angelina Julieta) evidencian que no basta con detener a los responsables. La justicia debe ir más allá de la reacción ante el horror: debe ser preventivo, garantizar condiciones de igualdad y seguridad, y sancionar con rigor a quienes atentan contra la vida de las mujeres.
Democracia: ¿lejos de ser realidad?
La democracia no puede medirse únicamente por la existencia de elecciones, sino por la vigencia de los derechos humanos y la igualdad sustantiva. Cuando el feminicidio es una constante, la democracia es una ficción. En palabras de la propia Lagarde: “Imposible hablar de democracia mientras persista el feminicidio”. Así de claro. A esto se suma la preocupación de que, en materia de seguridad, México parece más tentado a replicar modelos que recortan derechos, como señala un exministro de la Suprema Corte, citado por Prensa Ibero. Nuestra aspiración debe ser garantizar derechos plenos, no restringirlos.
Las cifras acumuladas de tortura y la advertencia de la ONU sobre la incapacidad para combatirla (El Popular), los debates sobre si la política fiscal garantiza realmente los derechos humanos (Noroeste), y la evidencia de que en las empresas hay más discurso que acciones reales de igualdad de género (Mexico Social), completan el retrato de un país donde la igualdad y la justicia todavía son promesas lejanas.
Mi opinión es firme: mientras las mujeres sigan siendo víctimas de feminicidio, mientras la impunidad sea la norma y la reacción institucional sea insuficiente, México está lejos de ser una democracia verdadera. La justicia para las mujeres, la garantía plena de sus derechos y la erradicación de la violencia feminicida no pueden seguir siendo asignaturas pendientes. Sin justicia para ellas, no hay democracia para nadie.