Fiscalía va por la judicialización de Vadhir N; siete citatorios sin resultados
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que cuenta con pruebas que podrían dar pie a la judicialización del caso contra Vadhir N, aunque hasta el momento no ha sido posible notificarlo: las autoridades señalan que se han emitido al menos siete citatorios en seis domicilios distintos sin lograr localizar al actor.
Según fuentes de la fiscalía, consultadas por este diario, la hipótesis probatoria reúne testimonios y documentación que, en su opinión, sería suficiente para avanzar a la etapa de imputación. Sin embargo, la imposibilidad de entregar las citaciones complica los plazos procesales y obliga a a la institución a activar procedimientos alternos para garantizar el derecho a ser oído y la continuidad de la investigación.
Este retraso no es un trámite menor. Cuando una persona vinculada a la esfera pública evade notificaciones, se generan efectos prácticos: dilación en el acceso de las víctimas a la verdad procesal, mayores costos institucionales y una sensación de impunidad que erosiona la confianza ciudadana. La FGJCDMX, que pidió mantener el anonimato en algunos pasajes, asegura que actúa con apego al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Para especialistas en derecho consultados por este periódico, la situación pone a prueba los mecanismos de localización y notificación de la autoridad. «Si una investigación tiene elementos suficientes para judicializar, corresponde a la fiscalía agotarlos, pero también es responsabilidad institucional mejorar sus protocolos para notificar a personas con alta movilidad», señaló una abogada penalista.
En el entorno mediático, el caso vuelve a abrir el debate sobre el trato a figuras públicas frente a la justicia: la notoriedad no debe ser ni escudo ni condena anticipada. Mientras la FGJCDMX prepara las siguientes diligencias, el llamado desde la sociedad es claro: transparencia en el proceso y respeto a los derechos de todas las partes.
La fiscalía mantiene la investigación en curso y, según sus voceros, evaluará las medidas necesarias para culminar la etapa de judicialización sin vulnerar garantías fundamentales.