San lázaro recorta 618 mdp al INE para financiar cendis del PT; oposición estalla
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó esta semana una reallocación por 618 millones de pesos que reduce el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para destinarlos, según el acuerdo, a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) vinculados al Partido del Trabajo (PT). La decisión, confirmada por la propia Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, desató críticas y advertencias desde la oposición y grupos civiles.
Para el INE, el recorte implica menos recursos para actividades clave como la organización y supervisión de procesos electorales, capacitación de personal y fiscalización. Fuentes consultadas en el instituto, que pidieron mantener el anonimato, alertan que un tijeretazo de ese tamaño puede obligar a postergar compras, reducir programas de educación cívica y, en el peor de los escenarios, afectar la logística de elecciones locales.
El Partido del Trabajo defendió la reasignación, argumentando que los Cendis atienden a madres trabajadoras y a la primera infancia en zonas marginadas, y que la inversión impulsa derechos sociales. En un comunicado interno, el PT sostuvo que se trata de priorizar servicios sociales urgentes. Sin embargo, diputados de la oposición calificaron la maniobra de «uso clientelar de recursos públicos» y anunciaron impugnaciones ante la Comisión de Gobernación y, de ser necesario, recursos legales ante tribunales federales.
Diputados del PAN y del PRI señalaron, según versiones de prensa y sesiones de la Comisión, que la medida vulnera la autonomía del INE y pone en riesgo la imparcialidad en la contienda electoral. Organizaciones civiles y académicos consultados por este medio —incluidos observatorios ciudadanos que siguen el financiamiento público— advirtieron sobre el precedente: «Es como amputar el termómetro para no ver la fiebre», dijo un especialista en política pública, refiriéndose al debilitamiento de órganos garantes.
La discusión también abrió un debate sobre prioridades presupuestales. Los defensores del recorte insisten en priorizar programas sociales que alivien la carga económica de las familias con menores de edad. Los críticos replican que la solución no debe pasar por debilitar instituciones esenciales para la democracia y que existen otras partidas del gasto público que podrían ajustarse sin afectar la supervisión electoral.
En los próximos días la propuesta pasará al pleno de San Lázaro, donde se definirá si el recorte queda en la ley de egresos. El Instituto Nacional Electoral y el Partido del Trabajo figuran como actores centrales en el conflicto; la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aparece como la fuente que formalizó el movimiento presupuestal. Ciudadanos y organizaciones civiles han anunciado que vigilarán los siguientes pasos y están listos para acudir a tribunales si consideran que la ley o la autonomía institucional se ven vulneradas.
La discusión trasciende cifras: pone sobre la mesa la tensión entre la prioridad de servicios sociales inmediatos y la protección de las instituciones que garantizan la competencia democrática. Para muchas familias, los Cendis representan apoyo real; para la oposición y observadores, la pregunta es si ese apoyo debe financiarse a costa de recortar lo que vela por elecciones libres y equitativas.