Peña pide 72 horas y tensiona el inicio del juicio por Ueno Bank
Reclamo de defensa abre una nueva pausa en un caso que sacude la confianza en el sistema financiero
El proceso contra los presuntos responsables del escándalo en Ueno Bank entró ayer en una fase de contrarreloj después de que la defensa de Peña solicitara un plazo de 72 horas para revisar pruebas y preparar su intervención antes del inicio formal del juicio. La petición, registrada ante el tribunal, obligó a jueces, fiscales y partes civiles a replantear calendarios y a exponer públicamente sus apuestas procesales.
Según reportes de prensa, incluidos informes de El Comercio y Reuters, la defensa argumentó que el cúmulo de documentación entregada por la fiscalía es voluminoso y que sin ese tiempo adicional se vulneraría el derecho a una defensa adecuada. La Fiscalía, por su parte, advirtió que dilaciones prolongadas socavan la reparación esperada por las víctimas y la transparencia en el manejo de recursos que afectan a depositantes y al erario público.
El caso Ueno Bank, que ha recibido seguimiento nacional por la magnitud de las presuntas irregularidades financieras, combina alegatos de operaciones irregulares, posible desvío de fondos y deficiencias en la supervisión regulatoria. Para muchos ciudadanos, esta causa no es solo un conflicto entre abogados; es un termómetro de la capacidad institucional para proteger ahorros y sancionar a quienes quebrantan las reglas del sistema financiero.
Expertos consultados por La República señalan que el pedido de 72 horas tiene doble filo: por un lado, responde a garantías procesales indispensables en un juicio complejo; por otro, puede ser utilizado como táctica dilatoria si no se acompaña de peticiones razonadas y acotadas. «La justicia no puede permitirse ni la precipitación que derive en fallos vulnerables ni las demoras que erosionen la credibilidad pública», explicó un jurista consultado.
Desde la vereda política, voces críticas exigen que las instituciones actúen con celeridad y responsabilidad. Organizaciones de consumidores financieras recuerdan que cada día de retraso prolonga la incertidumbre de clientes y trabajadores vinculados a Ueno Bank. A la vez, sectores que defienden garantías procesales insisten en que la prisa no puede suplir la revisión exhaustiva de pruebas.
El tribunal tiene ahora la decisión inmediata: conceder las 72 horas solicitadas, acotar el plazo o negar la petición y avanzar con el calendario previsto. Cualquiera sea la resolución, implica una lectura política y jurídica sobre cómo el Estado equilibra el derecho a una defensa efectiva con la necesidad de respuestas ágiles frente a daños económicos y sociales.
En medio de la tensión, la ciudadanía espera no solo una resolución técnica sino señales claras de rendición de cuentas: sanciones proporcionales si se confirman responsabilidades; reparación para los afectados; y cambios regulatorios que reduzcan el riesgo de repetir el episodio. Como registró El Comercio, la fiscalía ha reafirmado su compromiso de llevar el proceso con «transparencia y rapidez», mientras que la defensa reclama tiempo para evitar decisiones que, en su criterio, podrían ser impugnadas más adelante.
La ventana de 72 horas que reclama Peña puede parecer breve, pero en un juicio con cientos de documentos, auditores y peritajes, cada hora cuenta. Para la sociedad, la prueba de fuego no será tanto ese lapso, sino que al final del proceso se traduzca en responsabilidades claras y en medidas que protejan los ahorros y la confianza pública en el sistema financiero.
Fuentes: El Comercio, Reuters, La República.