Peña pide 72 horas y deja la renuncia en el limbo mientras Asunción vive tensión policial
El presidente renunciante, Santiago Peña, solicitó 72 horas para preparar su descargo ante el juicio político promovido en su contra, alegando falta de tiempo para revisar las pruebas. La petición, que complica un proceso ya entrampado, fue informada por ABC Color y se produce en medio de un clima de alta tensión en la capital.
El titular del Congreso, Basilio Núñez, debe decidir ahora si concede la prórroga. Según fuentes parlamentarias consultadas por ABC Color, Núñez evalúa el pedido junto a los jefes de bancada, mientras la bancada colorada dejó sin quórum la sesión destinada a tratar la renuncia presidencial, lo que dejó a Peña formalmente aún en el cargo.
Asunción amaneció bajo un fuerte despliegue policial tras las protestas desatadas por la crisis en Ueno Bank. Vecinos y trabajadoras del centro reportaron mayor presencia de uniformados en puntos neurálgicos, controles y cortes intermitentes de tránsito que complican la movilidad cotidiana. El escenario recuerda a una ciudad que vigila su propio pulso: más seguridad visible, pero también más incertidumbre para la gente.
Más allá del gesto formal de pedir tiempo para defenderse, el recurso de Peña plantea preguntas institucionales. Con la sesión suspendida por la ausencia de legisladores colorados, el proceso de renuncia y el juicio político quedan cruzados: ¿se prioriza la tramitación del descargo o la resolución política inmediata? La respuesta marcará el ritmo de la crisis.
El impacto en la vida cotidiana es directo. Comerciantes del microcentro consultados por ABC Color relatan caída de ventas por las protestas y los operativos; trabajadores del sector financiero y usuarios de trámites oficiales enfrentan demoras; y la percepción de inseguridad, alimentada por el importante despliegue policial, se mezcla con la sensación de incertidumbre económica.
Desde una mirada crítica, el episodio desnuda fallas en la coordinación entre poderes y la falta de mecanismos ágiles para dirimir crisis institucionales sin paralizar la vida pública. El pedido de 72 horas puede ser legítimo como garantía de defensa, pero también funciona como un respiro táctico que pospone decisiones esenciales para el país.
Los actores políticos manejan narrativas contrapuestas. La oposición exige celeridad y transparencia en el proceso; aliados del oficialismo piden garantías procesales para el presidente. Mientras tanto, ciudadanos y organizaciones sociales piden información clara y medidas que protejan servicios básicos y la libertad de protesta pacífica.
Lo que sigue en los próximos días será clave: si Núñez concede la prórroga, el juicio político y la renuncia podrían dilatarse y la tensión en la calle permanecer. Si no lo hace, el conflicto institucional puede escalar en tiempos breves. En ambos escenarios, la principal víctima es la gobernabilidad cotidiana: escuelas, comercios y transporte que no pueden esperar a que los poderes resuelvan sus diferencias.
ABC Color reporta que los líderes parlamentarios fijarán una postura en breve. La sociedad civil, por su parte, exige que cualquier trámite se haga con transparencia y sin recurrir a maniobras que obstruyan el acceso a la información pública. En ese reclamo simple y urgente está la receta para que la política deje de sentirse como un teatro y vuelva a servir a la gente.