Sheinbaum: la prohibición de celulares empieza a convencer a alumnos, pero deja retos por resolver
La Presidencia de la República informó que, tras la implementación de la prohibición del uso de teléfonos móviles dentro de los planteles escolares, «las y los estudiantes han reaccionado de forma positiva». Claudia Sheinbaum presentó el balance en un acto público en el que la Secretaría de Educación Pública (SEP) figura como la responsable de coordinar la medida. La promesa: menos distracciones en clase y más atención al aprendizaje. La realidad es, como siempre, más compleja.
En términos prácticos, autoridades federales sostienen que la medida ha reducido interrupciones en el aula y favorecido la convivencia escolar. Esto concuerda con hallazgos internacionales como los del estudio de Beland y Murphy, que asocia restricciones en teléfonos con mejoras en el rendimiento académico en ciertos contextos. Sin embargo, expertos en educación consultados por este medio advierten que el impacto depende de cómo se implemente la norma: sin acompañamiento pedagógico y sin garantizar equipos alternativos, la prohibición puede quedarse en una medida cosmética.
En escuelas urbanas donde los directores recibieron protocolos claros y padres participaron en la estrategia, algunas maestras reportan mayor orden y atención. «Los chicos se concentran más en la explicación y hay menos revisiones constantes del teléfono», dice una docente de secundaria que pidió mantener el anonimato. En comunidades rurales, en cambio, el celular a veces funciona como herramienta de comunicación con la familia o como soporte para tareas cuando faltan computadoras; allí la prohibición ha generado incertidumbre entre madres y padres.
Los críticos subrayan dos riesgos: primero, la aplicación desigual por escuela podría aumentar brechas educativas; segundo, una prohibición estricta sin opciones de acceso a recursos digitales puede excluir a estudiantes que usaban el dispositivo para actividades escolares. La SEP, según la Presidencia, plantea acompañar la medida con campañas de formación para docentes y líneas de apoyo, pero los plazos y recursos concretos aún no están claros.
La narrativa oficial destaca beneficios para la salud mental y la prevención de acoso en línea, pero organismos especializados recuerdan que la solución integral requiere más que una norma. Programas de alfabetización digital, protocolos claros contra el ciberacoso, y mecanismos para que los estudiantes recuperen contenidos perdidos son parte de la agenda pendiente.
Si bien la medida ha conseguido adhesiones iniciales entre buena parte del estudiantado, el verdadero termómetro será el semestre escolar: si las autoridades traducen la prohibición en apoyos concretos —recursos pedagógicos, formación docente y reglas transparentes— podría consolidarse como una política que mejora condiciones de aprendizaje. Si no, correrá el riesgo de quedar como una medida reactiva que tapa problemas estructurales más profundos.
La Presidencia y la SEP tienen ahora la oportunidad de convertir una decisión polémica en una política educativa sólida. Para lograrlo necesitarán diálogo con comunidades escolares, datos públicos sobre su impacto y la voluntad de corregir errores institucionales. En la escuela, como en la vida pública, las reglas funcionan cuando son justas, claras y acompañadas.