Velasco afirma caída del 52% en homicidios en dos años y sacude el debate público
El titular de la SRE lanzó la cifra en la Conferencia Internacional Bancaria Santander 2026: «la tasa de homicidios ha disminuido 52% en sólo dos años», aseguró Velasco ante empresarios y representantes políticos. La declaración, breve y contundente, encendió las alarmas y las esperanzas en igual medida: si fuera cierta, sería una noticia histórica; si no, plantea preguntas sobre transparencia y verificación.
La primera tarea es verificar. En España las estadísticas oficiales sobre delitos y muertes violentas las publican el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Estadística (INE)</strong), mientras que la Fiscalía y los registros judiciales ofrecen la radiografía penal. Hasta la última publicación pública disponible en los canales oficiales, no hay registro de una caída de ese calibre en un periodo tan corto. Por eso la afirmación de Velasco exige que esos organismos aclaren a qué indicadores se refiere: ¿homicidios dolosos, homicidios consumados, homicidios por 100.000 habitantes, o una variable administrativa diferente?
La política de seguridad no es una fórmula mágica: funciona como un ecosistema. Una reducción real de homicidios puede deberse a múltiples factores —mejores investigaciones policiales, cambios demográficos, programas sociales, inversión en prevención, o variaciones en la actividad criminal— y cada uno tiene impactos distintos en la vida cotidiana. Para una familia en un barrio complicado, una caída porcentual no sirve si los homicidios se concentran en sus manzanas.
Desde un enfoque crítico y de centro-izquierda, valoro los avances en seguridad cuando van acompañados de justicia social. Si la reducción es verificable, será mérito de políticas públicas que combinen prevención, educación, vivienda y salud mental, no sólo de mayor represión policial. Si la cifra es una sobreestimación, existe el riesgo de usarla como recurso propagandístico para justificar recortes en políticas sociales que, a largo plazo, sostienen la baja criminalidad.
Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y colectivos locales han insistido en la importancia de desagregar datos por sexo, edad, tipo de arma y territorio. Sin esos desgloses es imposible saber si la mejora beneficia por igual a mujeres, jóvenes y barrios periféricos, o si, por el contrario, algunas comunidades siguen sufriendo de forma desproporcionada.
El anuncio de Velasco obliga a tres pasos mínimos: que el Ministerio del Interior y el INE publiquen los datos que respalden la cifra; que se explique la metodología empleada; y que se abra un debate público con académicos, fiscalía y organizaciones sociales. La confianza ciudadana se construye con evidencia y con políticas que expliquen, no con titulares que suenan a epifanía.
En la práctica, los ciudadanos esperan resultados en su vida diaria: calles con más luz, comisarías que resuelvan casos, programas para jóvenes en riesgo y sistemas de justicia que no revictimicen. Una cifra espectacular puede ser tanto un faro de esperanza como una cortina de humo. Ahora corresponde a las instituciones ofrecer la transparencia que la sociedad merece.
Fuente: declaración de Velasco en la Conferencia Internacional Bancaria Santander 2026; referencias a prácticas estadísticas habituales del Ministerio del Interior y el INE; observaciones de Amnistía Internacional sobre desagregación de datos.