Inegi desnuda el campo: la ENA 2025 revela brechas que el censo 2022 ya apuntaba
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) puso sobre la mesa en octubre los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2025, acompañados de la comparación con el Censo Agropecuario 2022. Más que cifras frías, el ejercicio muestra una fotografía doble: avances parciales en tecnología y comercialización, pero una cara oculta donde persisten la fragilidad económica de los pequeños productores, el envejecimiento del campo y la precariedad de servicios básicos.
La ENA 2025, al contrastarse con el Censo 2022, confirma tendencias preocupantes que ya se venían señalando: muchos establecimientos rurales siguen dependiendo de rendimientos bajos por hectárea, el acceso al crédito y a la seguridad de la tenencia de la tierra es desigual, y la inserción en cadenas de valor formales es aún limitada para miles de campesinas y campesinos. A la vez, se observan mejoras en ciertos rubros —mayor uso de maquinaria en regiones específicas y acceso a mercados de mayor escala— que no llegan de forma equitativa.
Esta asimetría no es inocua. Cuando el progreso económico queda concentrado en unos cuantos polos productivos, las comunidades rurales pierden resiliencia frente a choques climáticos y a las oscilaciones de los precios internacionales. La encuesta expone, además, la persistencia de jornadas laborales informales y la escasa protección social para quienes trabajan la tierra, lo que convierte la actividad agropecuaria en una apuesta de alto riesgo para las familias.
Desde la perspectiva de políticas públicas, los datos del Inegi obligan a una revisión de prioridades. No basta con programas de transferencia o subsidios dispersos: se requieren estrategias integrales que combinen acceso a crédito con capacitación técnica, infraestructura para riego y comercialización, y mecanismos reales de titulación de la tierra que den seguridad jurídica. También es urgente fortalecer la investigación pública y la extensión rural para que la adopción de prácticas sustentables no sea privilegio de unos pocos.
La ENA 2025, al compararse con el censo de 2022, deja claro que las políticas recientes han dado pasos, pero insuficientes. Hay una oportunidad para rediseñarlas con criterios de equidad: apostar por cadenas cortas de valor que beneficien a productores locales, financiar seguros agrícolas ajustados al cambio climático, y priorizar la inclusión de mujeres y jóvenes rurales en esquemas productivos y de liderazgo comunitario.
Si el campo está llamado a ser pilar de soberanía alimentaria y desarrollo territorial, los responsables de diseñar políticas deben leer con cuidado los datos del Inegi. La encuesta no es solo un inventario: es una alerta. Ignorar la cara oculta que muestra la ENA 2025 y el Censo 2022 significa condenar a muchas comunidades rurales a repetir la receta de la informalidad y la vulnerabilidad. Cambiar eso exige voluntad política, recursos bien dirigidos y la participación real de quienes trabajan la tierra.
Fuente: Inegi, Encuesta Nacional Agropecuaria 2025 y Censo Agropecuario 2022.