La sep pone orden a los celulares en las aulas; reglas cambian según el nivel
Ciudad de México. La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó esta semana lineamientos para el uso de teléfonos celulares en escuelas públicas y privadas, con restricciones que varían según el nivel educativo. La medida busca “reducir distracciones” y mejorar la convivencia escolar, pero genera dudas sobre su implementación y el impacto en la equidad educativa.
Según el documento difundido por la SEP, las directrices contemplan desde la prohibición estricta en los grados iniciales hasta un manejo más flexible en bachillerato, donde el dispositivo podría utilizarse con fines académicos y bajo supervisión. La dependencia plantea responsabilidades claras para directores y profesores, y propone protocolos para el resguardo de equipos y sanciones por incumplimiento.
La decisión llega en un contexto donde la tenencia de teléfonos inteligentes entre niños y jóvenes ha crecido en la última década, un fenómeno documentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Para la SEP, regular su uso es una respuesta a evidencias sobre distracción y acoso digital, en línea con recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE y la UNESCO sobre límites y alfabetización digital.
Desde una mirada crítica, la medida tiene virtudes evidentes: reducir interrupciones en clase, bajar la exposición a contenidos inapropiados y recuperar espacios de diálogo entre maestras, maestros y alumnos. Sin embargo, expertos y docentes consultados por este diario advierten riesgos concretos. Primero, la capacidad de las escuelas para aplicar las reglas es desigual; sin recursos ni espacios adecuados para resguardar aparatos, las directrices pueden quedar en papel.
Segundo, existe el peligro de que la política castigue a estudiantes por falta de alternativas: en muchas aulas el celular también funciona como herramienta para acceder a información o a tareas cuando no hay equipo escolar ni conectividad. Aquí entra la inequidad que señala el INEGI: no todos los alumnos tienen acceso a datos o dispositivos propios, pero tampoco cuentan con computadoras en la escuela.
Una maestra de secundaria en la Ciudad de México, que prefirió mantener su nombre, resumió el dilema: “Necesitamos reglas claras, pero también apoyos: formación para docentes, protocolos realistas y opciones para que nadie pierda el aprendizaje”. Ese punto es central si la SEP pretende que la medida no se convierta en una sanción más para estudiantes vulnerables.
La SEP asegura que las nuevas reglas vendrán acompañadas de campañas de orientación para familias y capacitación para el personal escolar. Queda por ver el calendario de aplicación y los criterios para evaluar resultados. En la práctica, la efectividad dependerá de recursos, supervisión y del diálogo con comunidades educativas.
La reforma es un paso hacia aulas menos dispersas, pero no basta con prohibir: hace falta invertir en infraestructura, formar a docentes y diseñar alternativas pedagógicas que reconozcan la realidad digital de niñas y niños. Sin ese acompañamiento, las reglas pueden convertirse en una solución incompleta que deje intactos los problemas de fondo.
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP); datos contextuales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); recomendaciones de OCDE y UNESCO.