Caída de ingresos públicos obliga a revisar prioridades; petroleros se hunden
Los ingresos públicos registraron una caída anual de 28.4% en septiembre, impulsada por un desplome de 80.9% en los ingresos petroleros, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). También retrocedieron 1.9% los ingresos por ISR y 21.1% los del IEPS, según el reporte oficial.
La cifra no es un dato estadístico frío: es menos dinero disponible para escuelas, hospitales, pensiones y obras locales. Cuando la entrada de recursos se contrae de golpe, el gobierno enfrenta la incómoda encrucijada entre recortar gasto, endeudarse más o subir impuestos. Ninguna de las tres opciones es trivial y todas tienen costos sociales.
La caída de los petroleros funciona como metáfora y como causa: si el motor que aún impulsa una parte importante del presupuesto tiene menos gasolina, todo el vehículo pierde potencia. La SHCP apunta a factores como menores ingresos por exportaciones de petróleo y menores aportaciones extraordinarias relacionadas con Pemex. Al mismo tiempo, una recaudación de ISR que prácticamente se estanca y la fuerte caída del IEPS —impuesto que grava combustibles y bebidas azucaradas— indican que la actividad económica y el consumo no están tirando como se esperaba.
El impacto se siente en lo cotidiano. Una directora de clínica pública en un municipio del centro del país relata que las compras de insumos llegan con mayor retraso y que programas comunitarios para prevención de enfermedades han visto recortes. Un vendedor ambulante nota menos flujo de gente en fines de semana, lo que se traduce en menos consumo y, a la larga, menos recaudación. Estos ejemplos muestran la cadena: menos ingreso público hoy puede significar menos servicios mañana.
Desde la mirada técnica, el dato obliga a revisar tres cosas: recaudación, dependencia petrolera y transparencia del gasto. Mejorar la recaudación implica cerrar espacios a la evasión y simplificar procesos para pequeñas y medianas empresas, sin cargar más a quienes menos tienen. Reducir la fragilidad por la dependencia de ingresos petroleros exige acelerar la transición de la economía hacia actividades con mayor valor agregado y fortalecer la gobernanza de Pemex. Y en lo inmediato, Hacienda debe explicar con claridad las medidas que tomará para preservar programas sociales prioritarios.
Analistas consultados por este diario señalan que la caída es compatible con una combinación de factores internacionales y domésticos: precios y producción petrolera, menor demanda interna y efectos temporales en la calendarización de transferencias. Sin embargo, también advierten que la respuesta política marcará si esto queda como un bache transitorio o se convierte en un lastre prolongado para la recuperación económica.
En el terreno político, la menor colecta puede tensar el debate entre quienes abogan por ajustes al gasto y quienes piden mantener o ampliar la inversión social para proteger a los más vulnerables. Desde una perspectiva de centro-izquierda, la prioridad debería ser preservar redes de protección social, sostener inversión en salud y educación, y procurar que cualquier ajuste no cargue desproporcionadamente sobre los hogares de bajos ingresos.
La SHCP es la fuente oficial de este diagnóstico. Ahora corresponde al Ejecutivo presentar un plan claro y a la sociedad vigilar que las respuestas protejan el bienestar común y no sirvan de pretexto para favorecer intereses privados. Si la caja pública pierde volumen, la pregunta es quién asumirá la factura: la ciudadanía o los poderosos.