Movilización de 70.000 policías en Francia ante marchas de Halloween y grupos de extrema derecha
París. El Gobierno francés ha anunciado la movilización de 70.000 policías y gendarmes para el sábado 31 de octubre, jornada en la que sindicatos, organizaciones juveniles y los chalecos amarillos convocaron una nueva ola de protestas. Según el Ministerio del Interior, la cifra busca prevenir episodios de violencia y proteger a la ciudadanía frente a concentraciones que este año coinciden con la noche de Halloween y con la presencia de pequeños grupúsculos de extrema derecha que han protagonizado incidentes en movilizaciones anteriores.
La convocatoria, confirmada por fuentes ministeriales y recogida por Agence France-Presse y Le Monde, vuelve a poner sobre la mesa el difícil equilibrio entre el derecho a la protesta y la seguridad pública. Los sindicatos, entre ellos la CGT, defienden el derecho a manifestarse contra políticas salariales y sociales, mientras que las autoridades advierten del riesgo de que las marchas sean aprovechadas por violentos para generar desórdenes.
Para mucha gente corriente, la imagen es la de una ciudad blindada: barrios comerciales con más presencia policial, transporte público sometido a controles y ciudadanos preocupados por evitar zonas de paso. Comerciantes y hosteleros, ya golpeados por la crisis económica y las restricciones sanitarias de años recientes, temen pérdidas en una jornada que en condiciones normales atrae consumo y ocio. “Hay inquietud entre los pequeños negocios; otra vez la factura la pagamos los que menos margen tenemos”, señala un responsable vecinal, que pidió no ser identificado.
La experiencia reciente ofrece lecciones contradictorias. Durante las protestas de los chalecos amarillos en 2018 y 2019, organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron un uso desproporcionado de la fuerza policial en determinados episodios, una crítica que obligó a revisar procedimientos y que aún pesa en la opinión pública. Al mismo tiempo, ataques protagonizados por milicias o bandas de extrema derecha han demostrado que la ausencia de respuesta también genera inseguridad y un sentimiento de abandono entre víctimas y comerciantes.
Desde una mirada de centro-izquierda crítica, la pregunta clave no es si se debe garantizar la seguridad —eso es imprescindible— sino cómo hacerlo sin convertir la calle en una zona militarizada que criminalice la protesta social. El Ministerio del Interior afirma que el despliegue tendrá un componente preventivo y de protección, pero expertos en derecho público consultados por este periódico recuerdan la necesidad de controles claros, formación en gestión de multitudes y mecanismos de rendición de cuentas cuando se registren abusos.
Las soluciones prácticas exigidas por actores sociales pasan por combinar presencia policial con medidas de diálogo. Sindicatos y ayuntamientos reclaman mesas de negociación previas a las convocatorias y corredores seguros para manifestantes pacíficos; asociaciones de comerciantes piden planes municipales de protección y apoyo económico para evitar que un día de tensión se traduzca en cierres definitivos. También se repiten las demandas de organizaciones de derechos humanos para que las prefecturas documenten las intervenciones y permitan auditorías independientes en caso de repercusiones policiales.
En términos simbólicos, la movilización masiva recuerda a una receta conocida: mucha fuerza puede apagar un incendio, pero rara vez ataja la chispa social. Si la protesta expresa demandas reales sobre salarios, empleo o servicios públicos, la respuesta solo policial corre el riesgo de que la ciudadanía perciba la política como un asunto de orden público antes que de debate democrático.
La noche del 31 de octubre será una prueba de cómo el Estado gestiona la tensión entre seguridad y libertades. Fuentes del Ministerio del Interior aseguran que el objetivo es proteger a la mayoría pacífica y aislar a los violentos; sindicatos y organizaciones sociales insisten en que la legitimidad de la protesta se respete y en que cualquier actuación policial se ajuste a la ley y a los controles públicos. En un país donde la calle ha sido tradicionalmente escenario de incidencia política, el modo en que se resuelva esta jornada influirá en la credibilidad del Gobierno y en la capacidad de la sociedad francesa para encauzar conflictos sin romper la convivencia.
Fuente: Ministerio del Interior, CGT, Le Monde, Agence France-Presse.