Nueva polémica: fiscalía admite esterilizaciones y archiva el caso, ¿impunidad?
La decisión de la Fiscalía peruana de reconocer que miles de esterilizaciones se practicaron sin consentimiento libre e informado durante el gobierno de Alberto Fujimori y, aun así, archivar la investigación ha vuelto a abrir una herida que muchas víctimas creían todavía activa. Según reportes de France 24 y declaraciones de la abogada María Ysabel Cedano, de la ONG Demus, la resolución plantea más preguntas que respuestas sobre justicia y memoria.
Para cientos de mujeres —en su mayoría indígenas y de zonas rurales— la esterilización no fue un acto médico voluntario sino una política estatal con consecuencias de por vida. Durante décadas ellas buscaron que el Estado investigue, identifique a los responsables y repare el daño. Ahora, la Fiscalía admite la falta de consentimiento en muchas intervenciones, pero alega motivos procesales para cerrar el caso.
La explicación oficial, según la propia Fiscalía, ha girado en torno a obstáculos probatorios y criterios jurídicos que, asegura la institución, impiden llevar adelante nuevas imputaciones. Para organizaciones como Demus, que acompañan a las víctimas, esa lectura no solo es insuficiente sino que reproduce la desigualdad: «Cerrar este expediente es como poner una venda sobre una herida que sigue supurando», dijo María Ysabel Cedano en la entrevista con France 24.
El archivo deja dudas prácticas y morales. En lo práctico, las víctimas pierden la posibilidad de que se identifique y sancione a funcionarios y profesionales que pudieron participar en la política de control reproductivo. En lo moral, el mensaje es grave: el reconocimiento del daño no bastó para activar responsabilidades efectivas. Esa combinación alimenta la percepción de impunidad que organizaciones de derechos humanos han denunciado por años.
El caso no es solo histórico. Tiene un impacto directo en comunidades que ya enfrentan exclusión económica, cultural y sanitaria. La esterilización forzada afecta la autonomía corporal, las familias y la confianza en el sistema de salud pública. Cuando la justicia no responde, la reparación queda en el terreno de la caridad o del silencio.
Ante el archivo, Demus y otras organizaciones han planteado distintas vías: revisar la motivación de la fiscalía, reabrir investigaciones con nuevo enfoque probatorio y explorar recursos internacionales. En la práctica, estas alternativas suelen ser largas y costosas, y requieren presión social y política sostenida.
La decisión pone también en el foco a las instituciones: reconocer un hecho sin asumir responsabilidades es una forma de declarar incapacidad para reparar. El rol del Estado, en materia de derechos humanos, es garantizar verdad, justicia y reparación; cuando falta una de esas patas, la arquitectura democrática se tambalea.
El archivo ha despertado reacciones en la sociedad civil y en sectores del Congreso. Parte de la respuesta ciudadana dependerá de si se logra transformar la indignación en demanda institucional: audiencias públicas, comisiones de investigación y acompañamiento a las víctimas pueden ser herramientas para que la historia no se escriba solo en los papeles.
Más allá de tecnicismos jurídicos, la pregunta sigue siendo simple y tangible: ¿qué significa para una mujer que su derecho más íntimo haya sido vulnerado y que la respuesta del Estado consista en cerrar un expediente? Si la justicia no responde, la reparación empieza por escuchar y por garantizar que no se repita.
Fuentes: Fiscalía de Perú, Demus, France 24.