Escándalo cancelado: Córdova asegura que OIC y ASF no hallaron irregularidades
Por [Redacción]
Lorenzo Córdova negó ayer que durante su gestión al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) se hubieran cometido irregularidades y aseguró que tanto el Órgano Interno de Control (OIC) como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no encontraron hallazgos que comprometan la legalidad de sus acciones. La declaración llega en medio de un pulso político con la Presidenta Sheinbaum, a quien Córdova acusó de intentar desviar la atención pública.
Las versiones públicas señalan que las revisiones del OIC y las auditorías de la ASF, según lo señalado por el propio Córdova, no arrojaron pruebas de uso indebido de recursos ni de contrataciones ilegales en los expedientes revisados. Para la ciudadanía, esto significa que los cuestionamientos que prendieron la alarma —y que llegaron a colarse en la agenda mediática— pueden estar quedando en algo más parecido a un rumor persistente que a un escándalo probado.
No obstante, la ausencia de hallazgos no debe leerse como una absolución automática de todo lo que rodea al INE. Fuentes de la sociedad civil y expertos en transparencia recuerdan que tanto el alcance de una auditoría como el tiempo y las partidas revisadas definen hasta dónde se puede llegar. La ASF y el OIC auditan conforme a un marco técnico; de ahí que la demanda pública sea clara: mayor claridad sobre qué se revisó, cómo y por qué.
La acusación pública de Córdova contra la Presidenta Sheinbaum —que, según él, busca desviar la conversación— obliga a poner sobre la mesa un problema más grande que una disputa institucional: la erosión de la confianza ciudadana en los árbitros electorales. Cuando la política se convierte en una lluvia de señalamientos, quienes pierden son los ciudadanos que dependen de procesos electorales claros para decidir su futuro.
Es legítimo que la oposición y la sociedad reclamen rendición de cuentas. También lo es que el INE y sus responsables presenten las pruebas y los informes completos. Por eso, organizaciones sociales insisten en que la ASF y el OIC publiquen con detalle sus informes y que el INE facilite auditorías ciudadanas independientes, no como espectáculo, sino como un ejercicio serio de transparencia.
En términos prácticos, lo que importa para la gente no es tanto el rédito político de una acusación como la certeza de que los recursos públicos se usan para fortalecer la democracia y no para alimentar conflictos internos. Si las instituciones quieren recuperar confianza, deben convertir los peritajes en respuestas claras y accesibles: transparencia con lenguaje ciudadano, no con tecnicismos que alejen a la gente.
Mientras tanto, el cruce entre Córdova y la Presidenta Sheinbaum deja un saldo inquietante: una conversación pública dominada por enfrentamientos que distraen de problemas concretos, como la seguridad electoral en distritos conflictivos, la educación cívica y el financiamiento de campañas. La recomendación de organizaciones como Transparencia Mexicana es clara: publicar los informes, abrir espacios de diálogo y permitir auditorías externas para zanjar dudas.
La historia no termina con una nota oficial de “no irregularidades”; empieza, más bien, la siguiente etapa: convertir la constatación técnica en confianza social. Si las instituciones cumplen, la gente lo notará en procedimientos más claros y en menos preguntas sobre el uso de recursos. Si no, la sospecha seguirá siendo la mejor compañera de la desconfianza.
Fuente: declaraciones de Lorenzo Córdova; informes referidos del Órgano Interno de Control y de la Auditoría Superior de la Federación.