Taddei respira: Fiscalía de Sonora dice no haber recibido denuncias por caso INE
La Fiscalía General de Justicia de Sonora, encabezada por Gustavo Rómulo Salas, informó que hasta ahora no existen carpetas de investigación abiertas relacionadas con las empresas señaladas en el llamado “caso INE”, que según versiones habrían operado en la entidad desde 2014. La confirmación, oficializada por la propia Fiscalía de Sonora, deja momentáneamente sin actos de investigación formal a quien ha sido mencionado en distintas indagatorias públicas: Taddei.
Que no haya denuncias presentadas no es lo mismo que una absolución. Lo explicó con claridad el fiscal Gustavo Rómulo Salas al detallar el estado procesal: sin una denuncia o una querella, las autoridades no pueden activar mecanismos de investigación que requieran actos de búsqueda, aseguramiento o citatorios formales. En la práctica, eso significa que la hipótesis de irregularidades se queda, por ahora, en el terreno de reportes y señalamientos, no en el de la actuación judicial.
Para la ciudadanía, la diferencia es cotidiana: cuando urge transparencia en recursos públicos o en contratación, lo que importa no es solo que la fiscalía no tenga denuncias, sino que las investigaciones sean posibles, visibles y con plazos claros. El Instituto Nacional Electoral (INE), al que aluden las versiones públicas sobre contratos y proveedores, también queda obligado a explicar si sus procesos de contratación en años previos están disponibles para auditoría y clarificación pública.
Periodismo y sociedad civil han documentado, en distintas ocasiones, cómo las empresas vinculadas a procesos electorales o a servicios contratados por instituciones públicas pueden operar durante años en un mismo estado. Que esas operaciones existan desde 2014, como señalan las referencias, exige memoria institucional: contratos, facturas, remesas y responsables deben poder presentarse sin rodeos. La ausencia de una denuncia no puede ser la excusa para la opacidad.
La postura crítica no busca la persecución automática. Pero sí pide resultados: la Fiscalía de Sonora, además de señalar que no hay procesos abiertos, debería facilitar a la opinión pública los pasos que cualquier ciudadano puede seguir para presentar una denuncia y los criterios con los que se evalúan esas quejas. El INE, por su parte, debe colaborar abriendo información sobre contrataciones y entregando evidencia que despeje dudas o permita investigaciones independientes.
Si el caso se reduce a titulares y filtraciones sin documento probatorio, la única ganancia será la confusión. Si, en cambio, las instituciones —con la Fiscalía de Sonora al frente de la parte investigadora y el INE como administrador de sus expedientes— transparentan movimientos, contratos y auditorías, la sociedad puede pasar de sospechar a evaluar hechos. Eso refuerza la democracia; ocultarlo, aunque temporalmente favorezca a personas como Taddei, erosiona la confianza.
En suma, la declaración de Gustavo Rómulo Salas y la nota de la Fiscalía de Sonora son un punto de partida, no un punto final. Quienes esperan respuestas deben impulsar denuncias formales, solicitar auditorías públicas y demandar que las instituciones expliquen, con documentos, cómo se gestionaron contratos desde 2014. Sin esa claridad, la duda seguirá pesando más que cualquier alivio momentáneo.