Vázquez Ahued celebra ley contra el reclutamiento y pide que vaya más allá de la sanción
El legislador de Movimiento Ciudadano Vázquez Ahued celebró el dictamen aprobado este martes por la Cámara de Diputados que endurece las penas contra el reclutamiento por parte de organizaciones delictivas. Según el documento aprobado por la Cámara de Diputados, la reforma busca cerrar las “fábricas” de nuevos integrantes de las bandas, especialmente entre jóvenes y adolescentes.
En voz de un integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano, la iniciativa fue presentada como una herramienta para golpear a las estructuras criminales que reproducen violencia mediante el enganche de reclutas. En términos sencillos: si se corta la manguera que alimenta el sistema, la fuga de personal debería disminuir.
El impacto potencial es claro y deseable. Una ley bien diseñada puede dar a las fiscalías motivos y herramientas para perseguir a quienes organizan y trafican con personas para el crimen; puede, además, ofrecer protección a menores y testigos. Sin embargo, la experiencia previa y el trabajo de organizaciones civiles muestran que la ley por sí sola no basta. Para que la reforma funcione en la vida cotidiana se requieren protocolos de prevención, inversión en educación y salud mental, políticas de empleo para jóvenes y mecanismos de reinserción.
Entre los riesgos está la redacción ambigua: si la norma define de forma imprecisa qué constituye “reclutamiento” podría criminalizar a familias o a jóvenes vulnerables en lugar de a los líderes de las bandas. También existe el desafío institucional: sin más presupuesto ni capacitación para las fiscalías y cuerpos policiales, la ley corre el peligro de quedar como un enunciado simbólico, sin aplicación efectiva.
La aprobación en la Cámara de Diputados abre la puerta para que el Senado concrete cambios, pero la agenda pública no puede limitarse a castigar. Se necesita que el Estado y las autoridades locales implementen programas sociales y educativos que atiendan las causas que llevan a un joven a integrarse a una red delictiva.
Movimientos ciudadanos y organizaciones de derechos humanos han insistido en que las soluciones combinadas —justicia, prevención y reparación— suelen ser más eficaces que la sola mano dura. En ese sentido, la iniciativa celebrada por Vázquez Ahued puede ser un avance, siempre y cuando vaya acompañada de recursos, claridad normativa y vigilancia ciudadana para evitar efectos colaterales.
La discusión ahora pasa al Senado, donde el escrutinio público y la presión de la sociedad civil serán decisivos para que la ley no se quede en buenas intenciones y realmente reduzca el reclutamiento y proteja a la juventud mexicana.
Fuente: Cámara de Diputados y Movimiento Ciudadano