La ley de aguas de Sheinbaum avanza en el Congreso con la amenaza de los campesinos de revivir los bloqueos en el país
La nueva ley de aguas de la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha entrado en fase decisiva en el Congreso mexicano, pero bajo amenaza de organizaciones campesinas de retomar con más fuerza los bloqueos en carreteras, garitas y aduanas estratégicas del país, si el oficialismo no cumple sus promesas de hacer los ajustes que requeridos. La mayoría de Morena y aliados, PVEM y PT en la Cámara de Diputados, ha encendido los motores para empujar la aprobación de la legislación de autoría presidencial esta misma semana, al menos en comisiones. El interés del oficialismo por aprobar la nueva ley de aguas antes del 10 de diciembre fluctúa al ritmo que marcan los líderes campesinos.
La cuenta atrás para la aprobación de la Ley General de Aguas parece haber comenzado en San Lázaro, pero no sin antes enfrentar un panorama de tensión con uno de los sectores más afectados por la gestión del recurso hídrico: el campesinado. Si bien la iniciativa presidencial busca modernizar el marco legal que rige el uso, administración y protección del agua en México, las organizaciones agrarias advierten que, de no ser escuchadas sus demandas, el país podría volver a ser escenario de protestas que paralicen puntos clave de la economía y el transporte.
El corazón de la controversia reside en las preocupaciones de los campesinos respecto a cómo la nueva ley podría impactar su acceso y derecho al agua. Argumentan que algunas disposiciones, tal como están redactadas, podrían favorecer a grandes consorcios industriales y de agronegocios, dejando en desventaja a los pequeños productores que dependen directamente de los cuerpos de agua para su subsistencia y la producción de alimentos que llegan a nuestras mesas. «El agua no es un negocio, es un derecho humano fundamental y el sustento de quienes trabajamos la tierra», ha sido el grito unánime de diversas agrupaciones.
Promesas y desconfianza en el aire
La introducción del tema en comisiones de la Cámara de Diputados con el impulso de la mayoría oficialista (Morena, PVEM y PT) se da en un contexto donde los líderes campesinos aseguran haber alcanzado acuerdos previos con el gobierno. Señalan que se les prometieron modificaciones específicas para garantizar que la ley salvaguarde las concesiones existentes, priorice el uso doméstico y agrícola, y establezca mecanismos claros para la participación comunitaria en la toma de decisiones sobre el agua. Sin embargo, la percepción actual es de incertidumbre.
Fuentes cercanas a las negociaciones indican que existen discrepancias sobre la interpretación de ciertos artículos y la efectividad de las salvaguardas propuestas. La historia reciente de México ha sido testigo del poder de convocatoria y la capacidad de movilización del sector campesino, quienes en ocasiones anteriores han utilizado los bloqueos carreteros como herramienta de presión, logrando afectar cadenas de suministro y generando pérdidas económicas significativas. Esta experiencia pasada alimenta la advertencia actual.
¿Qué está en juego? El agua, nuestro vital tesoro
La Ley General de Aguas, de aprobarse en su versión actual o con los ajustes pactados, tendrá un impacto directo en la vida de todos los mexicanos. No se trata solo de un asunto para agricultores y políticos; el agua es el motor de la industria, la base de la salud pública y un componente esencial de nuestro ecosistema. Una gestión ineficiente o inequitativa del recurso puede traducirse en escasez, conflictos sociales y un encarecimiento de los productos básicos.
Los analistas coinciden en que el gobierno de Sheinbaum se encuentra en una encrucijada. Por un lado, busca consolidar una política hídrica moderna y, por otro, debe mantener la gobernabilidad y evitar la escalada de un conflicto social que podría descarrilar sus prioridades legislativas. La fecha límite del 10 de diciembre, mencionada en el contexto de la posible aprobación, sugiere un apremio por cerrar este capítulo legislativo, pero la persistencia de las preocupaciones campesinas podría extender la negociación o, peor aún, desatar la conflictividad.
Las voces del campo: ¿escuchadas o ignoradas?
En un sondeo rápido realizado entre representantes de organizaciones campesinas en diversos estados, se percibe una mezcla de esperanza y desconfianza. «Hemos puesto sobre la mesa nuestras preocupaciones, hemos explicado con peras y manzanas lo que significa para nosotros perder el acceso al agua. Esperamos que los legisladores realmente entiendan que aquí no solo se juega un pedazo de papel, se juega el futuro de miles de familias y la producción de alimentos», comentó un líder de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas. Las historias personales, las de quienes ven en el agua el sustento de sus hijos, son el telón de fondo de esta disputa política.
El desafío para el oficialismo es doble: no solo asegurar los votos para la aprobación de la ley, sino también lograr que esta sea percibida como justa y equitativa por el sector campesino. De lo contrario, la amenaza de revivir los bloqueos no es solo retórica; es la manifestación de una profunda desconfianza y la última carta que las organizaciones sienten que les queda para defender sus intereses. El Congreso tiene la palabra, pero las carreteras y garitas del país, vigilantes, esperan.