Aplazan hasta 2027 la audiencia de «El Chapito» tras su declaración de culpabilidad
La audiencia contra Ovidio Guzmán López, conocido como «El Chapito», quedó aplazada hasta abril de 2027, según registros del tribunal federal y comunicaciones de la Fiscalía federal de Estados Unidos. Guzmán se declaró culpable en julio de 2025 de cuatro cargos federales relacionados con tráfico de drogas y crimen organizado, pero la resolución definitiva de su caso permanecerá congelada durante más de un año y medio.
El aplazamiento —que ya figura en el calendario judicial— no vino acompañado de explicaciones detalladas. Fuentes oficiales consultadas por este periódico indican que la reprogramación responde, en lo formal, a la necesidad de tiempo para resolver peticiones pendientes de la defensa y posibles trámites de cooperación internacional, pero no descartan que la sobrecarga de casos y la falta de recursos en el sistema judicial estadounidense hayan influido en la demora.
Para la sociedad mexicana y para las víctimas de la violencia ligada al narcotráfico, el retraso es una doble mala noticia: por un lado, la declaración de culpabilidad apuntaba a la posibilidad de obtener información que ayudara a desarticular redes y esclarecer crímenes; por otro, el largo lapso hasta la audiencia mantiene la incertidumbre sobre si habrá verdad, reparación o simplemente un acuerdo que quede enterrado entre plazos procesales.
El caso de Guzmán, hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa Joaquín «El Chapo» Guzmán, ha sido tratado con especial atención mediática y política. La Fiscalía federal de Estados Unidos ha sostenido que tiene pruebas que vinculan a Guzmán con importantes envíos de fentanilo, metanfetaminas y otras sustancias hacia territorio estadounidense. Sin embargo, en el terreno práctico, la traba en el calendario judicial convierte ese acervo probatorio en una montaña rusa administrativa que no avanza al ritmo que demandan las comunidades afectadas.
Expertos en justicia penal consultados por este periódico señalan que los aplazamientos prolongados son una falla estructural: cuando los tribunales se convierten en un embudo, la impunidad no siempre desaparece, solo cambia de fecha. Además, los retrasos complican la posibilidad de que testigos cooperen o que se concrete asistencia a víctimas, cuyos procesos civiles o administrativos quedan suspendidos hasta que la vía penal se mueva.
Desde una perspectiva política, el episodio también expone la tensión entre la necesidad de procedimientos sólidos y el derecho ciudadano a una justicia rápida y efectiva. Organizaciones dedicadas a la transparencia y las víctimas han pedido mayor claridad sobre los motivos del aplazamiento y garantías para que no se trate de una estrategia dilatoria que termine por debilitar la rendición de cuentas.
Los próximos meses serán clave: si la reprogramación obedece a cuestiones legítimas de procedimiento o a negociaciones que aporten información relevante para desmantelar redes criminales, podría entenderse como un paso necesario. Si, en cambio, se confirma que responde a falta de recursos o a maniobras legales que postergan la justicia, el costo será para las comunidades ya golpeadas por la violencia y el tráfico de drogas.
Este periódico seguirá el caso y la evolución del expediente en la corte federal, y pedirá a la Fiscalía federal de Estados Unidos que aclare los plazos y las implicaciones de la reprogramación. La sociedad merece saber si el reloj judicial está detenido por razones de fondo o por atolladeros institucionales.