Óscar Naranjo: «Las estrategias de mano dura no son sostenibles en el tiempo y desvalorizan los valores democráticos”
La violencia en América Latina es un fantasma que parece no querer marcharse. A pesar de décadas de esfuerzos, la región sigue atrapada en un ciclo de criminalidad que afecta la vida de millones. En medio de este complejo panorama, una voz resuena con la fuerza de la experiencia y la reflexión: la del general Óscar Naranjo. Con una trayectoria que abarca más de cuatro décadas, Naranjo se ha convertido en un referente ineludible para entender las raíces y las complejas soluciones a este flagelo.
Su paso por la lucha contra los carteles colombianos en los años noventa, su liderazgo en los servicios de inteligencia en momentos críticos, la modernización de la policía y su participación en los acuerdos de paz, no son solo hitos en una hoja de vida, sino un verdadero mapa de los desafíos que enfrentan los Estados en la batalla contra el crimen organizado.
Consultado por gobiernos, organizaciones internacionales y académicos de todo el continente, Naranjo ofrece una perspectiva crítica sobre las políticas de seguridad. Recientemente, en una intervención que ha generado debate, Naranjo lanzó una advertencia contundente: “Las estrategias de mano dura no son sostenibles en el tiempo y desvalorizan los valores democráticos”.
Más allá de la fuerza: la fragilidad de las soluciones temporales
La frase de Naranjo no cae en saco roto. En América Latina, la tentación de recurrir a medidas punitivas extremas ante el aumento de la inseguridad es recurrente. Vemos cómo gobiernos, presionados por la opinión pública, adoptan políticas que priorizan el castigo rápido y contundente, a menudo apelando a un discurso de «ley y orden». Sin embargo, el general argumenta que estas medidas, aunque puedan ofrecer un alivio temporal, no atacan las causas profundas de la violencia y, peor aún, erosionan los cimientos de la democracia.
Pensemos en ello como intentar tapar una gotera con un cubo de agua. El problema se detiene por un momento, pero la causa principal sigue ahí. Naranjo, con su vasta experiencia, sabe que la criminalidad organizada es un organismo complejo que se adapta y muta. Cuando se reprime con fuerza bruta un frente, el crimen puede simplemente reubicarse, encontrar nuevas formas de operar o incluso fortalecerse en la ilegalidad, aprovechando el vacío generado por la ausencia de un Estado fuerte en otras áreas.
Pero el impacto va más allá de la eficacia operativa. Cuando las estrategias de seguridad se centran exclusivamente en la represión, se corre el riesgo de criminalizar a sectores enteros de la población, especialmente a los más vulnerables. Las cárceles se desbordan, los derechos humanos pueden verse comprometidos y la confianza de la ciudadanía en las instituciones se deteriora. Es como si, para arreglar un jardín, decidiéramos quemarlo todo. Al final, no solo no se soluciona el problema de las malas hierbas, sino que se destruye la tierra fértil para el crecimiento.
Desvalorizando la democracia: un precio demasiado alto
La advertencia sobre la desvalorización de los valores democráticos es quizás la más profunda. Las medidas de «mano dura» a menudo implican una concentración de poder, una restricción de las libertades civiles y una normalización de la violencia estatal. Esto puede llevar a una sociedad donde el miedo reemplaza al diálogo y donde la justicia se percibe como un castigo arbitrario, en lugar de un proceso garantista.
El general Naranjo, quien ha sido testigo de la fragilidad institucional y la amenaza constante del crimen organizado, entiende que la verdadera fortaleza de un Estado democrático reside en su capacidad para garantizar la seguridad y la justicia a través de mecanismos que respeten los derechos de todos. Cuando un gobierno recurre a la represión desmedida, está, en cierto modo, admitiendo su incapacidad para construir una sociedad basada en el consenso y el respeto a la ley.
La apuesta de Naranjo, fundamentada en años de operación y análisis, no es un llamado a la inacción, sino a la inteligencia y a la integralidad. Es una invitación a buscar soluciones que aborden tanto el síntoma como la enfermedad, aquellas que fortalezcan el Estado de derecho, promuevan la justicia social y creen oportunidades para todos, construyendo así comunidades más seguras y democráticas a largo plazo.