Empresarios presionan para frenar aumentos bruscos al salario mínimo; ¿retroceso en la recuperación salarial?
La propuesta supondría un cambio respecto a la política salarial impulsada desde 2019, cuando México comenzó a aplicar aumentos para recuperar el poder adquisitivo perdido durante décadas.
Organizaciones empresariales como la COPARMEX y el Consejo Coordinador Empresarial han intensificado en las últimas semanas su campaña para bloquear lo que describen como «alzamientos drásticos» del salario mínimo, argumentando riesgos para la competitividad y la creación de empleos. Según reportes de El Financiero y declaraciones públicas citadas por la propia COPARMEX, los empresarios piden criterios más conservadores en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI).
Del otro lado, sindicatos, académicos y organizaciones sociales sostienen que los aumentos iniciados en 2019 fueron una corrección necesaria tras décadas de pérdida del poder adquisitivo. Datos del INEGI muestran cómo el empleo informal y los salarios reales siguen siendo un desafío para millones de hogares; para muchas familias, el salario mínimo no es un monto teórico sino la diferencia entre llegar o no a fin de mes.
La discusión no es abstracta. Para una trabajadora de limpieza o un repartidor, cada peso cuenta: subidas sostenidas significan menos angustia para pagar renta, transporte y comida; aumentos repentinos, según empresarios, implican presión en costos y podrían empujar a microempresas a la economía informal. Es una tensión entre dos realidades: la necesidad urgente de mejorar ingresos y la fragilidad de pequeños negocios que funcionan con márgenes estrechos.
La CONASAMI, organismo tripartito responsable de fijar el salario mínimo, enfrenta ahora presiones políticas y económicas. La Secretaría del Trabajo ha defendido en ocasiones la prioridad de recuperar el salario real; el gobierno federal, por su parte, ha mostrado disposición a mantener aumentos como política pública orientada a la justicia social. Sin embargo, la inflación, la estructura empresarial y la informalidad complican cualquier decisión unilateral.
Hay alternativas intermedias que rara vez se ponen en el centro del debate público: escalonar aumentos, acompañarlos con apoyos fiscales temporales a microempresas, fortalecer inspección laboral para evitar la caída a la informalidad y ampliar programas de capacitación para elevar productividad. Organismos como la OCDE han recomendado combinar medidas salariales con políticas activas de empleo y productividad; en México, economistas consultados por El Financiero y analistas del INEGI sugieren precisamente esa combinación.
La prensa y la ciudadanía deben vigilar cómo se negocian estos cambios. No se trata solo de cifras: es la vida cotidiana de millones de hogares, la posibilidad de que un comerciante mantenga su negocio y el futuro del empleo formal. Si la política salarial vuelve sobre sus pasos sin acompañamientos, se corre el riesgo de que las ganancias de la última década se desvanezcan como humo. Si se avanza sin análisis y apoyo real a las empresas más frágiles, también puede ocurrir daño.
En suma, la presión empresarial para bloquear subidas drásticas abre un debate legítimo sobre ritmo y método, pero no puede reemplazar la urgencia social de recuperar el poder adquisitivo. La decisión de la CONASAMI y las señales del gobierno definirán si México continúa construyendo salarios dignos o si vuelve a la lógica de la inercia que dejó a tantas familias atrás. Fuente: El Financiero, COPARMEX, CONASAMI, INEGI.