Familias exigen liberar a detenidos tras protesta por falta de agua en la gestión de Pablo Lemus
Por familiares y activistas
Familias, estudiantes y organizaciones sociales protagonizaron un nuevo clamor público para exigir la liberación de varias personas detenidas durante una protesta por la falta de agua, una movilización que, aseguran los afectados, fue criminalizada por la administración de Pablo Lemus. Según familiares, activistas y organizaciones sociales consultadas por este medio, la protesta buscaba visibilizar cortes prolongados y la incapacidad del sistema local para garantizar este servicio básico.
Los manifestantes relatan que, ante la falta de respuesta institucional, decidieron bloquear parcialmente avenidas y tomaron simbólicamente instalaciones vinculadas al suministro. «No somos delincuentes; pedimos lo mínimo: agua para cocinar y para que los niños no se enfermen», dijo María, madre de uno de los detenidos, durante la concentración frente al palacio municipal. Para las familias, la detención fue desproporcionada y busca desalentar futuras demandas ciudadanas.
El reclamo se produce en un contexto de quejas recurrentes contra el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y las autoridades municipales por cortes programados o fallas en la red que afectan a colonias enteras. Activistas señalan que la carencia hídrica tiene efectos concretos en la vida cotidiana: pérdida de higiene, gasto extra en compra de agua embotellada y riesgo sanitario para personas vulnerables.
Organizaciones civiles han solicitado la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) para que investigue posibles violaciones al derecho a la protesta y a la integridad de quienes fueron remitidos a barandilla. «La criminalización de la protesta social es un mecanismo peligroso que desvía la atención de las soluciones técnicas y políticas que se requieren», comentó un integrante de una agrupación local que acompaña a las familias.
Desde la administración municipal, todavía no se ha emitido una explicación detallada que aclare circunstancias de las detenciones y las medidas para resolver la problemática del agua en las zonas afectadas. Representantes de la autoridad han señalado en ocasiones anteriores la necesidad de obras de infraestructura y mantenimiento, pero los vecinos denuncian que la comunicación y los tiempos no coinciden con la urgencia que viven día a día.
Expertos consultados por este periódico recuerdan que el agua es un bien público y un derecho: detrás de cada corte hay costos económicos y de salud que golpean con especial dureza a quienes viven con ingresos limitados. «La ausencia prolongada de agua transforma tareas cotidianas en emergencias permanentes», apunta una académica en políticas públicas hidráulicas.
La exigencia de las familias es clara: liberación inmediata de las personas detenidas, transparencia sobre las razones de las detenciones y un plan activo y participativo para garantizar el suministro. Además, piden audiencias públicas en las que participen vecinos, autoridades y expertos para trazar soluciones concretas que no lleguen tarde, como ya ha sucedido en varios frentes de la ciudad.
La escena frente al edificio municipal —padres con fotos, jóvenes con pancartas, vecinos con garrafones vacíos— es una metáfora dura: cuando el agua falta, también se debilita la confianza hacia las instituciones encargadas de proveerla. Queda pendiente que la CEDHJ, la autoridad municipal y el SIAPA ofrezcan respuestas claras y que los detenidos regresen a sus hogares mientras se atienden los problemas estructurales que motivaron la protesta.
Este medio continuará la cobertura y seguirá recabando testimonios y documentos para aclarar los hechos y las responsabilidades.