Diputados interrogan a Semarnat por fracking, derrames y pérdida de ecosistemas
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, enfrentó este martes un aluvión de preguntas de las y los legisladores en la Cámara de Diputados sobre derrames de hidrocarburos, fracking, gestión de residuos, contaminación y la pérdida de ecosistemas. La información proviene de un comunicado oficial de la Cámara de Diputados.
En la comparecencia, que reunió a representantes de los seis grupos parlamentarios, la titular de la Semarnat aseguró que la única zona “viable” para la fractura hidráulica es la Cuenca Sabinas-Burro-Picachos, entre Coahuila y Nuevo León. Esa afirmación encendió las alarmas de quienes piden prohibiciones totales, y abrió un debate público sobre riesgos ambientales y salud comunitaria.
Diputados de Morena señalaron presiones urbanas y pérdida de ecosistemas en la zona oriente del Estado de México, y urgieron a convertir el “desarrollo sustentable” en acciones concretas, no solo en eslogan legislativo. Desde el PAN exigieron claridad sobre la protección territorial de la Sierra de San Miguelito y preguntaron por las metas de tratamiento de residuos y los métodos de control del lirio invasor: quieren medidas puntuales y números para medir avances.
El Partido Verde puso sobre la mesa la necesidad de reforzar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, tanto en equipamiento como en presencia territorial, y pidió coordinación con la Cámara para una justicia ambiental más cercana a las comunidades. El PT, por su parte, insistió en conocer los avances hacia la prohibición de la exploración y explotación por fracking, subrayando efectos nocivos en la salud y el entorno.
Legisladores del PRI preguntaron por acciones concretas frente a los riesgos derivados de instalaciones y ductos de Pemex, en particular en Durango: solicitaron garantías de agua segura, fechas y presupuestos del Programa de Restauración Ecológica. También recordaron que eventos recientes, como un derrame en el Golfo de México y la deforestación en la selva maya, evidencian la fragilidad de la prevención y la vigilancia ambiental.
La diputada del Movimiento Ciudadano inició preguntas —el comunicado oficial no incluye el cierre total de su intervención— pero en conjunto las intervenciones mostraron una constante: la exigencia de datos, metas medibles y responsabilidades claras frente a problemas que afectan la vida cotidiana de millones. Derrames que ensucian playas y pesquerías, fracking que puede comprometer mantos freáticos, malos manejos de residuos que elevan enfermedades, o pérdida de bosques que aumenta la vulnerabilidad ante huracanes y sequías.
También hubo señalamientos sobre obras estatales sin permisos: diputadas del PT denunciaron casos en Oaxaca donde se habría avanzado sin consulta a comunidades indígenas, y pidieron a la secretaria intervenir para frenar atropellos a derechos ambientales.
¿Qué implica esto para la gente? En términos prácticos, los reclamos de los legisladores buscan respuestas que se traduzcan en menos riesgos para quienes viven cerca de ductos y zonas petroleras, en control real de especies invasoras que dañan piscicultura y ríos, y en más inversión para tratamiento de residuos que evite basureros a cielo abierto. La pelea política refleja, además, una discusión mayor: si la política ambiental será preventiva y con recursos, o reactiva y con soluciones a medias.
La sesión dejó claro que la Semarnat enfrenta una doble exigencia: aterrizar diagnósticos con cifras verificables y presentar planes con calendarios y presupuesto. También demandaron fortalecer la capacidad sancionadora y territorial de las autoridades ambientales para que las acciones no se queden en anuncios.
La comparecencia de Bárcena Ibarra forma parte del seguimiento Legislativo a políticas públicas ambientales en 2026, año declarado en la Cámara como “Año de Margarita Maza Parada”. La discusión promete continuar: los diputados anunciaron que buscarán mecanismos para dar seguimiento puntual a los compromisos de la Semarnat y, en su caso, impulsar reformas o presupuestos que permitan convertir lo que hoy son debates en medidas concretas para proteger comunidades y ecosistemas.