Diputados aprueban ley para unificar catastros y frenar corrupción registral
La Cámara de Diputados aprobó hoy la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, una norma que busca que los catastros y los registros públicos de todo el país hablen el mismo idioma digital y así reducir fraudes, trámites innecesarios y discrepancias sobre la propiedad de inmuebles. La información proviene de un comunicado oficial de la Cámara de Diputados.
En la exposición del dictamen, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT), dijo que la intención es simple: tener datos confiables sobre dónde están las propiedades, cuánto miden y quiénes son sus titulares. “Una vivienda, un inmueble, un terreno representan años de trabajo”, recordó el diputado, y subrayó que registros contradictorios abren la puerta a sobornos, juicios largos y corrupción inmobiliaria.
¿Qué cambia para la gente? La ley propone, entre otras medidas, una clave única catastral para cada predio —algo así como una CURP para los inmuebles—, criterios comunes para trámites y herramientas digitales para que las autoridades compartan información de forma segura. La idea práctica es evitar que un mismo terreno aparezca con dos propietarios en diferentes sistemas y que las personas tengan que gastar tiempo y dinero en resolver esas contradicciones.
Los promotores insisten en que la norma respeta el federalismo: la gestión del catastro y la recaudación del predial seguirán siendo responsabilidad de estados y municipios. “No se trata de una ley para cobrar el predial; eso le corresponde a cada municipio y a cada estado”, dijo Mejía Berdeja, según el comunicado oficial.
La nueva ley proviene de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y busca reglamentar una facultad del Congreso que existe desde 2013. Entre los efectos anunciados está una mejor planificación urbana gracias a catastros más completos, mayor transparencia en las transacciones inmobiliarias y sanciones por incumplimiento que remiten a las leyes de responsabilidades administrativas, tanto federales como locales.
En la sesión, el Pleno rechazó por votación económica tres mociones suspensivas presentadas por la diputada Nancy Aracely Olguín Díaz (PAN) y los diputados Gibrán Ramírez Reyes (MC) y Luis Gerardo Sánchez Sánchez (PRI), que pretendían devolver el dictamen a la comisión para mayor análisis y para convocar a autoridades estatales y municipales.
La aprobación marca un avance en la intención de modernizar y homologar la información sobre la propiedad inmobiliaria. Para las personas significa menos trámites y menos riesgo de ver su patrimonio enredado en discrepancias registrales; para gobiernos locales supone la necesidad de adaptar plataformas y procesos, algo que, en la práctica, requerirá inversión y coordinación para que la promesa de “no centralización, sino coordinación” no se quede en palabras.