Choque por el control del Ieepo entre Jara y la Sección 22 sacude a Oaxaca
La disputa no es solo por plazas; es por quién manda en la escuela pública y quién decide el futuro educativo de miles de niños y jóvenes
Oaxaca.— En las últimas semanas la tensión entre la dirección del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y la Sección 22 del SNTE volvió a encenderse. El choque, protagonizado por la administración encabezada por Jara y la poderosa agrupación magisterial, vuelve a poner sobre la mesa un problema de fondo: quién tiene el poder sobre las plazas, el personal y la operación administrativa del sistema educativo estatal.
La disputa tiene raíces claras. Tras la reestructuración del Ieepo en 2015, la Sección 22 perdió espacios de decisión que antes manejaba de facto: asignación de plazas, nóminas y parte de la operación cotidiana. Cuatro años después, la propia Sección 22 respondió creando la DGEPOO, una estructura paralela que, según análisis publicados por La Jornada, buscó recuperar capacidades administrativas y mantenerse como actor central en la gestión educativa.
Para las familias oaxaqueñas esto se traduce en consecuencias concretas. Cuando el conflicto escala, los procesos de basificación, las comisiones y las asignaciones de horas quedan en suspenso; escuelas rurales ven demorados cambios necesarios; y la rendición de cuentas administrativa se vuelve opaca, coinciden docentes y especialistas consultados.
La Sección 22 argumenta que la DGEPOO es una respuesta a decisiones centralistas que desmantelaron espacios de negociación y protección laboral. Desde la dirección del Ieepo, en cambio, se defiende la necesidad de normalizar procedimientos, garantizar la asignación transparente de plazas y evitar clientelismos que afecten la calidad educativa. El choque de legitimidades produce un escenario en el que la política sindical compite con la gestión institucional.
En entrevistas con docentes de la Mixteca y el Istmo, quienes pidieron anonimato por temor a represalias, se repite una queja: «Lo que se decide arriba llega tarde o no llega; los chicos son los que pierden». El registro de conflictos administrativos y la existencia de dos estructuras paralelas —una oficial y otra impulsada por la Sección 22— complica supervisiones, capacitaciones y la entrega de materiales.
Organizaciones civiles y académicos consultados por este periódico señalan que la solución requiere tres pasos claros: transparencia en las nóminas y concursos de plazas, diálogo institucional con mediación externa y auditorías administrativas que detecten irregularidades. La Jornada ha documentado episodios previos donde la falta de regulación permitió prácticas opacas; por eso la exigencia de reglas claras no es un capricho técnico, es una demanda social.
Este choque también tiene un componente político. En Oaxaca, donde la CNTE y la Sección 22 han sido actores clave de la vida pública, cualquier reforma educativa o administrativa se transforma en barómetro de poder. Para las y los padres de familia, para las comunidades indígenas y para los mismos trabajadores de la educación, el desafío es que la disputa no termine hipotecando el derecho a una educación digna.
La propuesta que surge de la sociedad civil y algunos académicos es sencilla en su intención y compleja en su ejecución: despolarizar la gestión educativa. Eso implica cortar lazos de subordinación clientelar, garantizar procesos meritocráticos supervisados por órganos ciudadanos y reconstruir la confianza entre autoridades y magisterio.
Si no se atiende pronto, advierten fuentes en la Secretaría de Educación Pública citadas por El Universal, la lucha por el control del Ieepo seguirá generando costos reales: retrasos en plantillas, escuelas sin servicios básicos y desgaste institucional que paga la comunidad educativa.
En Oaxaca, la disputa entre Jara y la Sección 22 es más que un conflicto entre poderosos; es un recordatorio de que la gobernanza educativa impacta en la vida cotidiana. Si la sociedad exige soluciones claras y transparentes, habrá oportunidad de transformar el choque en una reforma que privilegie estudiantes y docentes. Si ganan los intereses, perderá la educación pública.
Fuente: La Jornada; El Universal; entrevistas con docentes y especialistas.