Ayuntamientos de baja california bloquean contratos a empresas señaladas por ee uu
Tras las sanciones anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra empresas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa, varios ayuntamientos de Baja California anunciaron medidas para impedir que esas compañías celebren contratos, obtengan permisos o reciban subsidios municipales.
La decisión, explicaron las autoridades locales, obedece a la obligación de no facilitar flujos financieros a actores ligados al crimen organizado y a proteger la integridad de los recursos públicos. Según la nota del Departamento del Tesoro, las firmas señaladas aparecen en una lista que las deja fuera del sistema financiero internacional, lo que obliga a gobiernos y proveedores a hacer una revisión más exhaustiva.
Para la ciudadanía la medida tiene doble lectura. En el lado positivo, cerrar la puerta a empresas con sospecha de lavado o de relación con grupos delictivos es una vacuna administrativa: evita que el dinero ilícito se inserte en obras, servicios o permisos que benefician a unos pocos. Es una señal de que los municipios no se limitarán a esperar instrucciones federales.
Pero también hay sombras. Si la investigación y el bloqueo se hacen a la carrera, sin protocolos claros y sin una lista pública y verificable, hay riesgo de que proveedores formales y trabajadores queden en el limbo. Imagine a un pequeño contratista local que subcontrata servicios a través de una compañía mayor; si esa empresa es incluida en una lista y no existe mecanismo de salvaguarda, el trabajador podría perder su ingreso y el proyecto suspenderse, afectando luminarias, limpieza o mantenimiento urbano.
Fuentes municipales consultadas por este periódico señalan que la prioridad es revisar expedientes, contratos vigentes y solicitudes de permisos. No obstante, queda pendiente coordinar con instancias federales como la Fiscalía General de la República y el propio Departamento del Tesoro para intercambiar información y evitar errores administrativos que terminen perjudicando a terceros inocentes.
Otra interrogante es la capacidad de los ayuntamientos para llevar a cabo auditorías forenses y procesos de validación que exigen experiencia técnica. En muchos municipios la contratación pública está desbordada por urgencias y falta personal capacitado. Aquí la comparación es útil: cerrar una puerta es fácil, mantener la casa segura sin dejar entrar a vecinos honrados requiere cerraduras, llaves y vigilancia conjunta, no solo un cartel de prohibido.
Desde el punto de vista normativo, las sanciones de la OFAC no sustituyen procesos judiciales en México. Pueden apoyar investigaciones, pero también implican riesgos legales si se aplican sin un debido proceso interno. Por eso organizaciones civiles y especialistas en transparencia han pedido que los ayuntamientos publiquen criterios, listas actualizadas y procedimientos de recurso, de modo que la medida sea efectiva contra el crimen y justa con la ciudadanía.
En el terreno político la acción municipal tiene efectos inmediatos: mejora la percepción de gestión frente a la inseguridad económica, pero exige rendición de cuentas. Los ayuntamientos pueden ganar legitimidad si demuestran resultados claros, como contratos cancelados que eviten el desvío de recursos, y al mismo tiempo protegen a trabajadores y proveedores vulnerables.
La lección es simple y necesaria: combatir el ancla del crimen en la economía local requiere tanto firmeza como transparencia. La OFAC y el Departamento del Tesoro pusieron nombres sobre la mesa. Corresponde a los gobiernos locales usar esa información con rigor, documentación y controles sociales, no con decisiones improvisadas que terminen cerrando la puerta al progreso en lugar de al delito.
Fuente: Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Departamento del Tesoro de Estados Unidos; comunicados de ayuntamientos de Baja California.