Amlo denuncia operación ilegal en la captura de «El Mayo» Zambada y responsabiliza a Estados Unidos por la violencia en Sinaloa
En su libro reciente, el expresidente Andrés Manuel López Obrador acusa una operación ilegal en la captura de Ismael «El Mayo» Zambada y vincula la presunta intervención con la ola de violencia que, dice, dejó más de mil muertes en Sinaloa. El texto, según se presenta, plantea que prácticas de inteligencia y colaboración con agencias extranjeras cruzaron líneas que terminaron por agravar el conflicto local.
El reclamo de López Obrador mezcla tres elementos: la denuncia de irregularidades operativas, la atribución de responsabilidad internacional —en particular a una actitud «intervencionista» de Estados Unidos— y la advertencia sobre el coste humano en comunidades sinaloenses. En su relato, citado por el propio autor, la mezcla de acciones de inteligencia y operaciones encubiertas desató reacomodos criminales y una escalada de violencia que afectó a civiles y a actores locales.
El planteamiento no puede leerse sin contexto. La cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos lleva décadas, con programas como la Iniciativa Mérida, intercambio de información y apoyo técnico. Sin embargo, AMLO sostiene que esa relación, cuando se conduce sin transparencia ni control institucional, puede vulnerar la soberanía y producir efectos colaterales graves. El libro recupera una vieja tensión: ¿hasta qué punto la colaboración exterior contribuye a la seguridad o la desestabiliza?
Los números que menciona el expresidente —más de mil muertes en Sinaloa— ponen el foco en las consecuencias locales. Familias desplazadas, negocios cerrados y zonas con presencia militar o policial más fuerte son imágenes cotidianas que ilustran ese costo. Para muchos ciudadanos, la pregunta central es institucional: ¿quién rinde cuentas cuando una operación de seguridad produce daños colaterales y posibles violaciones al marco legal?
Desde una perspectiva crítica pero constructiva, el libro obliga a revisar dos asuntos que importan a la vida cotidiana. Primero, la necesidad de reglas claras y supervisión democrática sobre la cooperación internacional en materia de seguridad. Segundo, la urgencia de políticas públicas que privilegien la prevención, el desarrollo social y la atención a víctimas, en vez de depender exclusivamente de intervenciones tácticas que pueden reavivar la violencia.
El señalamiento de AMLO también abre un debate jurídico y político: si hay operaciones ilegales, corresponde que se investigue con garantía de independencia y que las instituciones tracen responsabilidades. La claridad sobre hechos, fechas y actores es indispensable para que cualquier acusación no quede en retórica y derive en justicia efectiva.
Mientras tanto, la población de Sinaloa sigue viviendo las consecuencias. Para muchos, la discusión sobre cooperación internacional parece distante frente a la inseguridad cotidiana. Ahí radica el reto: convertir señalamientos políticos y libros en medidas concretas que reduzcan homicidios, restauren la gobernabilidad local y atiendan a las víctimas. El reclamo de López Obrador —documentado por el propio autor en su libro— obliga a las autoridades y a la sociedad a pedir transparencia, investigaciones imparciales y políticas que pongan a las personas en el centro.
Este diario reproducirá y seguirá el desarrollo de cualquier indagatoria o respuesta institucional que se derive de las afirmaciones contenidas en el texto de Andrés Manuel López Obrador.