Piden captura de eduardo del castillo por presunta protección a delincuentes
El exministro permanece prófugo en el marco del proceso contra el exfiscal general Roger Mariaca, señalado por liderar una organización criminal, según reportes de la Fiscalía y la prensa boliviana.
La Fiscalía boliviana formalizó la solicitud de captura contra Eduardo del Castillo, exministro de Gobierno, al acusarlo de haber protegido a miembros de una red criminal vinculada al caso del exfiscal general Roger Mariaca. Según información publicada por La Razón y El Deber, el proceso le atribuye a Del Castillo acciones que habrían facilitado la impunidad de presuntos delincuentes.
Fuentes del Ministerio Público citadas por Página Siete señalan que existen indicios que vinculan a los exfuncionarios con una estructura que operó desviando investigaciones y protegiendo a investigados. Del Castillo, que ejerció como ministro durante la administración de Luis Arce, aparece en estas diligencias como persona que habría permitido la interferencia institucional en procesos penales.
El hecho de que un exalto cargo sea buscado por la justicia golpea la confianza ciudadana en las instituciones. Para muchas familias, la justicia debería ser un escudo, no una sombra; cuando ese escudo se perfora, la sensación de inseguridad se extiende como grieta en una ventana. Ciudadanos consultados por este diario expresan preocupación porque el combate al crimen organizado parece depender hoy más de pesquisas independientes que de la capacidad del Estado.
La demanda de captura trae además consecuencias políticas evidentes. En un país donde la impunidad ha sido bandera y pena, la imagen del gobierno y del partido en el poder puede verse erosionada si no hay investigación transparente y sanciones proporcionales. Organizaciones sociales y representantes de la oposición ya han pedido que el proceso sea público y célere, evitando que la justicia se convierta en moneda de cambio político.
Especialistas en derecho penal consultados por medios locales advierten que ordenar la captura es una medida inicial: lo decisivo será la presentación de pruebas en un juicio con garantía de debido proceso. Si la Fiscalía logra sustentar las imputaciones contra Del Castillo y Mariaca, el caso podría marcar un precedente para depurar instituciones corroídas por redes de poder.
Mientras tanto, la familia del exministro y algunos sectores afines piden prudencia y denuncian persecución política, según reportes. La Fiscalía, por su parte, afirma que actúa sobre base de pruebas y no de consignas partidarias, según declaraciones recogidas por La Razón.
La petición de captura reaviva el debate sobre cómo fortalecer los mecanismos de control interno, la fiscalía y la independencia judicial. Para que la sociedad recupere confianza no bastan gestos: hacen falta reformas, transparencia en las investigaciones y sanciones claras. Como señala El Deber, esta investigación será una prueba clave para saber si las instituciones pueden ponerse al servicio de la ley o si continúan siendo rehén de viejas redes.