Buscan a Eduardo del Castillo por presunta red de protección a delincuentes
La Fiscalía General del Estado señala al exministro como parte de la investigación contra el exfiscal Roger Mariaca; permanece prófugo mientras crece la preocupación ciudadana por la impunidad
La Fiscalía General del Estado informó que se ha emitido búsqueda activa contra Eduardo del Castillo, exministro de Gobierno, en el marco del proceso abierto contra el exfiscal general Roger Mariaca, acusado de liderar una organización criminal. Según el informe fiscal, Del Castillo está implicado por presunta protección a delincuentes vinculados a esa red y, por ahora, permanece prófugo.
La convocatoria para localizar al exfuncionario se produce en medio de un clima de desconfianza hacia las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. Para muchas familias que sufren la violencia cotidiana, estos episodios se leen como una falla estructural: cuando quienes deben proteger la ley aparecen relacionados con quienes la violan, la sensación de impunidad crece como una grieta en la muralla del Estado.
Fuentes oficiales de la Fiscalía señalaron que las diligencias incluyen pedidos de cooperación internacional, solicitudes de información financiera y órdenes de aprehensión, además del cruce de comunicaciones en las investigaciones contra Mariaca. La investigación, explicaron, busca esclarecer si hubo redes internas que facilitaron actividades delictivas mediante protección institucional o tráfico de influencias.
Del Castillo fue cabeza del Ministerio de Gobierno en una etapa en la que el debate público sobre seguridad ciudadana estuvo en la primera línea. Sus posibles vínculos con figuras como Roger Mariaca abren preguntas sobre controles internos, nombramientos y la capacidad del sistema para autodepurarse. Analistas consultados por este periódico critican la tardanza en procesar presuntas irregularidades y piden una respuesta más rápida para restaurar la confianza.
La situación obliga a no perder de vista dos principios simultáneos: el deber de investigar sin complacencias y el derecho a un debido proceso. La Fiscalía General del Estado, responsable de las acusaciones, afirma que no busca condenas mediáticas sino pruebas sólidas. Al mismo tiempo, organizaciones sociales y juristas reclaman transparencia en las pruebas y plazos razonables en una causa que impacta directamente en la percepción ciudadana sobre la justicia.
Más allá de nombres y cargos, el caso tiene efectos concretos: debilitamiento de la moral pública, potencial desmovilización de policías honestos y distracción en políticas efectivas de prevención del delito. Para recomponer la confianza, expertos consultados proponen medidas claras: investigación independiente, acceso público a decisiones judiciales relevantes cuando la ley lo permita, y reformas administrativas que reduzcan la discrecionalidad en nombramientos.
La Fiscalía confirmó que continuará con las diligencias y que informará sobre cualquier novedad procesal. Mientras tanto, la sociedad observa y exige respuestas. Si la investigación culmina en pruebas contundentes, deberá servir como punto de inflexión: no basta con perseguir nombres, hay que fortalecer instituciones para que la protección a la ciudadanía no dependa de la suerte ni de nombres ilustres.
Reportó para este periódico la Fiscalía General del Estado.