Sheinbaum niega uso del Ejército para reprimir protestas tras llamar «pueblo uniformado» a la Marina
“Son pueblo uniformado”, dijo la Presidenta durante el 205 aniversario de la Armada de México, según la cuenta oficial de la Presidencia. En ese mismo acto aseguró que las Fuerzas Armadas no serán empleadas para apagar manifestaciones ni para reprimir el derecho a la expresión ciudadana.
La promesa llega en un momento de debate público sobre el papel castrense en tareas de seguridad y orden público. En los últimos años el Ejército y la Marina han asumido funciones que antes estaban en manos de cuerpos civiles, una tendencia que organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Human Rights Watch han señalado como riesgosa por el potencial de violaciones a derechos humanos y la falta de mecanismos de control civil robustos.
Desde la Secretaría de Marina, que organizó los actos conmemorativos, se subrayó el papel de la Armada en labores de auxilio y protección marítima. La Presidencia, por su parte, insiste en que la participación castrense seguirá siendo complementaria y sujeta a marcos legales. Sin embargo, especialistas consultados por medios nacionales advierten que la retórica oficial choca con prácticas institucionales: la presencia militar permanente en calles y tareas de seguridad puede normalizar la intervención ante protestas y reducir incentivos para fortalecer policías civiles.
Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han pedido transparencia: acceso a cifras sobre despliegues, protocolos claros para el uso de la fuerza y auditoría civil independiente. La CNDH ha recomendado, en documentos públicos, priorizar la profesionalización de las policías y limitar el uso de las Fuerzas Armadas a situaciones excepcionales. Human Rights Watch, en sus informes, reclama garantías para las víctimas y mayor rendición de cuentas cuando se denuncian abusos.
Para la ciudadanía, la decisión tiene impactos concretos: cuando los militares asumen tareas de seguridad suele verse menos control civil, cambios en la capacitación policial y complicaciones legales para perseguir posibles violaciones. Para el gobierno, el reto es doble: demostrar con hechos que la presencia castrense no sustituye a instituciones civiles y, al mismo tiempo, acelerar reformas que mejoren la seguridad sin renunciar a la protección de libertades básicas.
La promesa de la Presidenta, difundida por la Presidencia y replicada por la Secretaría de Marina, plantea una prueba de confianza. Quedan por definirse los mecanismos de supervisión y las medidas concretas que evitarán que, como alertan la CNDH y Human Rights Watch, la ayuda se convierta en sustitución permanente de la autoridad civil.