España al rojo: Miller pide leyes drásticas para frenar la crisis de vivienda
Decenas de miles de personas tomaron las calles tras el rechazo en el Congreso de los decretos-ley del Gobierno para contener la subida de precios. Hablamos con Luis Miller, doctor en Sociología, sobre las consecuencias sociales y políticas.
Las protestas ciudadanas —que, según EFE, reunieron a decenas de miles de personas en varias capitales— pusieron otra vez el foco sobre un problema que golpea cotidianamente a amplios sectores de la población: el acceso a una vivienda digna y asequible. El rechazo parlamentario a los decretos-ley impulsados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y el anuncio del presidente de estudiar adelantar las elecciones, convierten la crisis de la vivienda en una bomba de relojería política.
Para Luis Miller, la situación exige medidas contundentes y rápidas. «No estamos ante una crisis coyuntural; es una reestructuración del mercado que está expulsando a familias enteras de los centros urbanos», dice Miller en la entrevista con este diario. El sociólogo advierte que si las autoridades no adoptan normas de rango legal y alcance nacional se corre el riesgo de agravar la fractura social.
Miller propone, entre otras cosas, controles de precios en zonas tensionadas, un plan masivo de vivienda pública y fiscalidad sobre pisos vacíos. «No se trata de cerrar la puerta a la inversión, sino de condicionar la inversión al interés público: que el mercado cumpla una función social, no solo la financiera», afirma. La receta suena drástica para algunos sectores económicos, pero según Miller es la única manera de recuperar equilibrio entre oferta, demanda y derechos.
Los riesgos de medidas draconianas existen: pueden reducir la oferta privada, enfriar la rehabilitación o alejar capitales. Por eso Miller aboga por combinar instrumentos: incentivos a propietarios que ofrezcan alquileres asequibles, sanciones a la desocupación especulativa y aumento inmediato de la vivienda social financiada por impuestos a las grandes rentas inmobiliarias. «Es política pública, no ideología», añade.
En la vida diaria la falta de políticas eficaces ya tiene rostro. Trabajadores con sueldos medios que destinan una parte creciente de sus ingresos al alquiler, jóvenes que retrasan formar hogar y familias desplazadas a periferias con peores servicios. El impacto en educación, salud y movilidad urbana se multiplica: más desplazamientos, menos tiempo para cuidar y más precariedad.
El escenario político añade presión. Medios como El País han subrayado que el pulso entre Ejecutivo y Congreso puede precipitar una crisis de gobernabilidad si no hay soluciones visibles. Miller alerta sobre el costo democrático de la inacción: «Cuando la política no responde, el descontento sale a la calle y se traduce en inestabilidad institucional. Eso no beneficia a nadie».
Desde la perspectiva de este periódico, la discusión debe centrarse en qué medidas protegen a la mayoría sin romper la economía: transparencia en contratos, datos públicos sobre stock y precios, prioridad para vivienda social y instrumentos legales que desincentiven la especulación. Los plazos son cortos: cada mes sin respuesta agranda la lista de afectados.
La movilización ciudadana demuestra que la vivienda dejó de ser un problema técnico para convertirse en una demanda social masiva. Como recuerda Miller, «se puede mirar la vivienda como un bien de mercado o como un derecho básico. La decisión política determinará si España camina hacia más desigualdad o hacia políticas que recuperen la ciudad para la gente».
Fuente: EFE, El País y entrevista con Luis Miller, doctor en Sociología.