Jornalero asesinado en operativo en Santa Marta despierta miedo a falsos positivos
Un operativo conjunto de la Policía Antinarcóticos y la Fuerza Aérea de Colombia en la zona rural de Santa Marta dejó siete muertos y una estela de preguntas entre las familias de la región. Entre las víctimas figura Ricardo Andrés Martínez Rodríguez, presentado inicialmente por autoridades como supuesto hijo de Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, señalado líder de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Sus familiares y líderes sociales sostienen que Ricardo era un jornalero desplazado, no un combatiente.
Según el reporte oficial de la Policía Nacional y versiones preliminares de la Fuerza Aérea Colombiana, el operativo se dirigió contra estructuras criminales en la Sierra Nevada. Sin embargo, la familia de Martínez Rodríguez asegura que el joven no tenía relación con grupos armados y que fue hallado con un disparo en la cabeza, lo que su padre describe como un “tiro de gracia”. La madre, exiliada por la violencia de la región, exige justicia y la apertura de una investigación independiente.
“Mi hijo trabajaba la tierra. Él recogía café y ayudaba en las tareas de jornal. No era de nadie más que de nosotros”, dijo la madre a este medio, en un relato que ilustra el temor de comunidades rurales que viven bajo la doble sombra del conflicto y el estigma. Familias desplazadas temen ahora ser señaladas y convertirse, en el peor de los casos, en cifras útiles para mostrar resultados operativos.
El episodio reviva la memoria de los llamados falsos positivos, una práctica que marcó la política de seguridad nacional hace más de una década, cuando civiles fueron presentados como bajas en combate. Organizaciones como Human Rights Watch y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, han advertido repetidamente sobre los riesgos de operaciones sin controles estrictos. La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación han sido señaladas por familiares y líderes comunitarios como las instituciones que deben garantizar una investigación clara y con resultados públicos.
Las autoridades militares han defendido la legalidad del operativo, según comunicados de la Policía y la Fuerza Aérea, indicando que los procedimientos se realizaron en el marco de la lucha contra el crimen organizado. No obstante, la falta de claridad sobre la identidad real de varias de las víctimas y las denuncias de ejecución extrajudicial encendieron alarmas en la comunidad y entre defensores de derechos humanos.
La historia de Ricardo no es un caso aislado en territorios donde la pobreza y el desplazamiento generan una fragilidad social que convierte a campesinos en blancos fáciles. El precedente histórico de ejecuciones presentadas como resultados operativos obliga a que la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo actúen con celeridad: realizar autopsias independientes, identificar a las víctimas con rigor forense y revisar registros de inteligencia que hayan motivado las operaciones.
Para los vecinos de la vereda, la noticia es un recordatorio de que las políticas de seguridad, cuando se ejecutan sin transparencia, pueden volverse contra quienes deben proteger. “No queremos más muertos que se presenten como trofeos”, dijo un líder social local que pidió reserva por motivos de seguridad. Organizaciones sociales exigen además protocolos de reparación y medidas de no repetición que incluyan controles civiles sobre operaciones militares y policiales en áreas pobladas.
La exigencia de la comunidad es clara: que la Fiscalía General de la Nación abra una investigación imparcial y que el Ministerio de Defensa explique las cadenas de mando y los criterios usados para identificar a las víctimas. Mientras tanto, la incertidumbre alimenta el miedo entre campesinos y desplazados en la región Caribe.
La muerte de Ricardo Andrés Martínez Rodríguez pone sobre la mesa una pregunta que Colombia no puede eludir: ¿quién protege a quienes ya fueron despojados y marcados por la violencia? La respuesta institucional y la transparencia en la investigación serán determinantes para restituir, al menos en parte, la confianza dañada en las fuerzas del Estado.