Jornalero asesinado en operativo: la sombra de los falsos positivos vuelve a Santa Marta
Un operativo conjunto de la Policía Antinarcóticos y la Fuerza Aérea en zona rural de Santa Marta dejó siete muertos y volvió a encender alarmas sobre posibles ejecuciones extrajudiciales. Entre las víctimas estaba Ricardo Andrés Martínez Rodríguez, a quien las autoridades presentaron en un primer momento como hijo de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, presunto líder de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). La familia asegura que Ricardo no tenía relación con grupos armados: era un jornalero desplazado que trabajaba en la zona.
“Lo liquidaron con un tiro de gracia”, dijo el padre de Ricardo a este periódico, tras visitar el lugar donde reclaman la devolución del cuerpo. Su madre pidió justicia: “No era guerrillero ni bandido, era mi hijo, pido que nos respeten”. Estas declaraciones contrastan con el parte oficial de la Policía Nacional, que en su reporte inicial calificó el hecho como resultado de un enfrentamiento con criminales vinculados al narcotráfico.
La Fiscalía General de la Nación informó que abrió una investigación penal para esclarecer las circunstancias de los hechos y ordenó protocolos de identificación y necropsia. Organizaciones de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo han pedido una investigación independiente y que se preserven pruebas ante la posibilidad de que se repitan patrones históricos de falsos positivos.
El término falsos positivos remite a una práctica documentada entre 2002 y 2008, cuando jóvenes campesinos y desplazados fueron presentados como combatientes muertos en acción para inflar resultados operativos. La Comisión de la Verdad y distintas ONG han señalado que aquella época dejó heridas abiertas en regiones rurales, donde la ausencia de oportunidades convierte a la vida cotidiana en una cuerda floja.
Este caso revive preguntas sobre incentivos institucionales, controles en los operativos y la responsabilidad de la cadena de mando. Si el Estado responde con investigaciones transparentes y sanciones ejemplares, puede reconstruir algo de confianza. Si la respuesta se limita a comunicados, la sensación de impunidad crecerá y las víctimas seguirán siendo nombres en un expediente.
Familiares y líderes locales exigen una autopsia independiente, acceso a las pruebas forenses y protección para quienes han denunciado. La Fiscalía y la Policía aseguran cooperar, pero la comunidad reclama hechos concretos: resultados públicos, responsables identificados y reparación para las familias afectadas.
Más allá de este caso puntual, la discusión toca políticas públicas: necesidad de controles efectivos en fuerzas armadas y policiales, mayor presencia del Estado en zonas rurales y programas que ofrezcan alternativas económicas a quienes hoy se ganan la vida como jornalero. Como recordó la Defensoría del Pueblo, la prevención exige tanto justicia como desarrollo.
Mientras la investigación avanza, la familia de Ricardo espera respuestas. “Queremos saber la verdad y que paguen los responsables”, repite su madre. Ese reclamo simple y humano, que pronunciaron ante este diario, es también una prueba: la democracia se mide por la protección que brinda a los más vulnerables, no por los comunicados que intenta maquillar victorias.