Familias de Ayotzinapa exigen verdad y denuncian encubrimiento tras 12 años
Cientos de personas acompañaron a los familiares en su recorrido por Paseo de la Reforma hasta el Zócalo capitalino para pedir que no haya más impunidad.
Doce años después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las familias encendieron nuevamente la exigencia pública: “verdad ahora”. El contingente partió del Ángel de la Independencia y llegó al Zócalo, donde familiares, aliados y colectivos reclamaron avances reales en las investigaciones y señalaron, una vez más, presuntos intentos de encubrimiento por parte de autoridades locales y federales.
Los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala siguen siendo una herida abierta. De acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las investigaciones han presentado irregularidades y omisiones que impiden conocer la verdad completa. Amnistía Internacional también ha pedido acceso pleno a expedientes y evidencia que permanezca bajo reserva.
Felipe de la Cruz, vocero de las familias, afirmó que las detenciones aisladas y las declaraciones oficiales no sustituyen la verdad ni la justicia reparadora. “No queremos migajas de información; exigimos acceso a archivos, a rutas de investigación y a la verdad sobre la posible participación de instancias estatales”, señaló en el Zócalo, según reportes de La Jornada.
En el trayecto por Paseo de la Reforma, la marcha reunió a docentes, estudiantes, activistas y vecinos que coincidieron en que lo ocurrido en Iguala no es un caso cerrado: es un ejemplo de lo que pasa cuando el Estado no ofrece transparencia ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Para muchas personas, la falta de respuestas es tanto política como humana; afecta la posibilidad de sanar y de confiar en las instituciones.
Desde 2018 el gobierno federal reabrió investigaciones y ha habido carpetas abiertas y algunas detenciones. Sin embargo, organizaciones civiles y los propios familiares sostienen que la ruta hacia la verdad requiere medidas concretas: abrir archivos militares y policiales, garantizar peritajes independientes, proteger a testigos y juzgar a todos los responsables, sin excepciones ni blindajes institucionales.
La movilización de hoy combinó la memoria con demandas puntuales: impulsar reformas que aseguren investigación autónoma, fortalecer mecanismos de protección y políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia contra estudiantes y comunidades rurales. Activistas señalaron que la sociedad tiene un papel clave para que el reclamo no se diluya en discursos políticos.
Doce años no son cifras: son familias que reclaman a diario, ciudadanos que exigen verdades comprobables y una democracia que no tolere opacidad. Mientras organizaciones como el GIEI y la CNDH siguen documentando irregularidades, las familias de Ayotzinapa mantienen la presión en las calles y en tribunales para que la justicia deje de ser una promesa y sea una realidad.