Acumula FGR cajas con restos de desaparecidos sin protocolos, denuncian
Latinus recolectó testimonios y material que muestran depósitos improvisados en instalaciones de la Ciudad de México, donde familiares aseguran que los restos de sus seres queridos fueron almacenados sin controles ni respeto a la cadena de custodia.
Familiares, integrantes de colectivos de búsqueda y personal que conoce el manejo forense describen a Latinus una imagen que, dicen, contradice los procedimientos básicos que exige la ley: cajas apiladas en pasillos, recipientes sin cierre hermético y ausencia de registros visibles sobre origen, fecha o trazabilidad. «No sé si eso es todo lo que queda de mi hermana», dijo a Latinus una mujer que ha buscado a su familiar durante años; su testimonio es uno entre varios que documentan confusión y dolor.
El manejo inadecuado de restos no es solo una falla logística. Significa pérdida de evidencia, riesgos de contaminación genética y química que dificultan la identificación, y un agravio a la dignidad de las víctimas y sus familias. Expertos consultados por Latinus advierten que la ruptura de la cadena de custodia puede invalidar pruebas en procesos judiciales y entorpecer la verdad.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, México acumula más de 100,000 casos reportados desde 1964 hasta la fecha, una cifra que da contexto al drama humano detrás de cada caja. En este escenario, la organización de las instituciones encargadas de conservar, identificar y entregar restos debe ser impecable; sin embargo, las imágenes y relatos recopilados por Latinus muestran que la práctica dista de ese estándar.
Latinus informó que solicitó una versión a la Fiscalía General de la República sobre las condiciones y protocolos aplicados en las instalaciones señaladas. Hasta el cierre de esta edición, los familiares y colectivos aseguran no haber recibido respuestas claras que expliquen la procedencia exacta de las cajas, los criterios de almacenamiento ni las medidas para preservar la cadena de custodia.
Para quienes han vivido la desaparición, la burocracia y la opacidad institucional se suman al duelo. Un integrante de un colectivo de búsqueda señaló a Latinus que «cuando las instituciones fallan, los familiares terminamos reconstruyendo la evidencia». Esa reconstrucción implica exhumaciones, pruebas genéticas costeadas por colectivos y largas esperas para un resultado que muchas veces llega incompleto.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos piden tres acciones concretas: inventario público y accesible de restos, auditoría independiente de las instalaciones forenses y protocolos de resguardo y transporte homologados con centros internacionales de acreditación. Estas medidas buscan no solo reparar la cadena de custodia, sino devolver certidumbre y respeto a las familias.
La negligencia denunciada por Latinus también plantea una pregunta política: ¿qué tan efectiva ha sido la política pública para atender la crisis de desapariciones y mejorar la infraestructura forense? Mejorar la gestión requiere recursos, capacitación y voluntad institucional. Mientras tanto, el costo lo pagan los familiares que demandan verdad y justicia.
En un país donde la ausencia de una persona se multiplica en miles de expedientes y en cadenas de dolor, el correcto trato de los restos es una prueba mínima de Estado. Las imágenes y testimonios reunidos por Latinus exigen respuestas claras y medidas urgentes: transparencia, reparación y un compromiso real para que ninguna caja se convierta en nuevo vestigio de la indiferencia institucional.