Celulares en clase: qué cambia con la nueva norma y cómo afectará a estudiantes
La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó una norma que endurece las reglas sobre el uso de celulares en las escuelas básicas y plantea condiciones distintas para la educación media superior: en ese nivel, cada plantel deberá construir acuerdos internos junto con estudiantes, docentes y familias. La discusión ya no es solo si se prohíben los teléfonos, sino cómo se aplican esas prohibiciones y quién decide las excepciones.
La motivación no es gratuita. Estudios internacionales, como el de Beland y Murphy, han asociado restricciones a los móviles con mejoras en el rendimiento académico. La UNESCO también advierte que el uso desregulado de dispositivos puede afectar la atención y la convivencia escolar, pero subraya al mismo tiempo la necesidad de integrar las tecnologías en la enseñanza con criterios pedagógicos y de equidad. Es decir, hay evidencia de beneficios y, al mismo tiempo, riesgos si la medida se aplica sin recursos ni acompañamiento.
En la práctica, la norma abre un abanico de escenarios. Para primaria y secundaria las reglas pueden ser más estrictas; en bachillerato el objetivo es que cada escuela acuerde límites y usos —desde permitir el uso para trabajos educativos hasta fijar tiempos de descanso digital—, pero la experiencia muestra que sin inversión en infraestructura y formación docente las prohibiciones quedan solo en el papel.
El lado positivo es claro: menos interrupciones, menos comparaciones tóxicas en redes y más oportunidades para recuperar concentración. El lado oscuro también existe: en hogares donde no hay internet o computadora, el celular es a veces la única puerta al aprendizaje; la confiscación masiva sin protocolos abre la puerta a arbitrariedades; y sin protocolos de privacidad, las apps escolares pueden exponer datos de niñas y niños.
No es solo cuestión de mandar a guardar el teléfono en una caja. Se necesita capacitación docente, acuerdos transparentes sobre sanciones y vías claras para que las familias y estudiantes participen. Las escuelas podrían pactar, por ejemplo, momentos de uso autorizado para actividades académicas, períodos de desconexión durante las clases y canales para reportar problemas de acoso digital.
La SEP plantea la responsabilidad institucional; ahora corresponde a cada comunidad educativa traducirla en reglas justas. Como dice la lógica de quienes han estudiado el tema: no basta con quitar el volante a un conductor si no le pones cinturón y revisas que el coche tenga frenos. Si la política pública va a mejorar la vida escolar, debe ir acompañada de recursos, transparencia y evaluación.
La pregunta ya no es si se acaban los celulares en clase, sino cómo se construyen normas que protejan el derecho a aprender sin dejar atrás a quienes dependen del teléfono para estudiar. La recomendación de organizaciones como la UNESCO y la evidencia de Beland y Murphy ofrecen pistas: combinar límites claros con capacitación docente, acceso real a tecnologías escolares y participación de la comunidad.