Quito arde bajo el niño: bosques y barrios rurales al borde del colapso
El fuego sigue avanzando en las periferias de Quito y con él crece la alarma entre campesinos, familias periurbanas y gestores ambientales. En los últimos días, incendios que, según el Cuerpo de Bomberos de Quito y la Secretaría de Gestión de Riesgos, afectan cientos de hectáreas han puesto en peligro parques naturales, reservas de páramo y cultivos que sostienen a comunidades enteras.
Las condiciones meteorológicas influidas por el fenómeno de El Niño —un factor señalado por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI)— han secado suelos y reducido la vulnerabilidad de la vegetación, convirtiendo una chispa en llamas difíciles de controlar. A esto se suma la sequía que obliga a pequeños productores a vender ganado o adelantar cosechas, mientras las ferias locales registran ya encarecimiento de alimentos básicos.
«El humo no nos deja dormir, y el maíz se nos está quemando; no sabemos si el Estado va a ayudarnos con semillas o con apoyo directo», dice una vecina afectada en las afueras de la capital, en declaraciones recogidas por vecinos y líderes comunales. Historias como esta se repiten en barrios que denuncian falta de información y retrasos en la llegada de brigadas.
El Ministerio del Ambiente y Agua ha reportado movilización de unidades y la activación de brigadas forestales, pero fuentes locales y organizaciones ecologistas como Fundación Jocotoco advierten que la respuesta sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del fuego y la fragilidad de ecosistemas clave. La crítica principal apunta a la prevención: falta de cortafuegos, escasos programas de manejo de pastizales y presupuestos inconstantes para conservación.
Hay, sin embargo, iniciativas que apuntan a soluciones prácticas. Comunidades organizadas, apoyadas por ONGs y municipios, han formado brigadas voluntarias de combate, promovido jornadas de reforestación con especies nativas y creado alertas vecinales con radios y grupos comunitarios. Expertos consultados por este diario recomiendan combinar esas iniciativas con inversión estatal en sistemas de monitoreo, capacitación técnica y recuperación de cuencas.
El episodio plantea preguntas políticas ineludibles: ¿por qué no hubo planes de mitigación más ambiciosos tras alertas climáticas? ¿Qué tan preparados están los municipios y el sistema nacional de gestión de riesgos para proteger a los sectores más vulnerables? La Secretaría de Gestión de Riesgos y el Ministerio del Ambiente y Agua tienen la responsabilidad de dar respuestas claras, transparentes y con recursos reales.
Mientras tanto, las familias afectadas piden dos cosas sencillas y urgentes: agua y apoyo para la siembra. La lección es clara: sin políticas públicas sostenidas y participación comunitaria, los incendios volverán con cada episodio climático extremo. La alternativa es invertir hoy en prevención, restauración y justicia ambiental para que no sea la gente la que siempre pague la factura del fuego.
Fuentes: Cuerpo de Bomberos de Quito; Secretaría de Gestión de Riesgos; Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI); Fundación Jocotoco.