Ciudad de méxico arranca la prohibición de celulares en escuelas: alivio para profesores, dudas para familias
Ciudad de México, desde nuestra corresponsalía — México puso en marcha el 3 de noviembre de 2026 la nueva regulación nacional que prohíbe el uso de teléfonos móviles en las escuelas primarias y secundarias. Según la Secretaría de Educación Pública (SEP), los alumnos podrán llevar el dispositivo en la mochila únicamente para emergencias; queda prohibido usarlo en clases y en los recreos.
En los primeros días de aplicación en escuelas de la capital se perciben reacciones encontradas. Maestras y maestros celebran una atmósfera menos fragmentada: «Los niños recuperan la atención y las clases fluyen», dice una docente de secundaria que pidió no ser identificada. Directores reportan una caída en interrupciones y en registros de llamadas durante horario escolar, algo que, de comprobarse, podría traducirse en mejores condiciones para el aprendizaje.
Pero la medida también deja interrogantes prácticos. Padres reclaman claridad sobre quién custodiará los aparatos si son requisados, y temen que la prohibición aumente la desigualdad digital: «Mi hija usa el teléfono para consultar tarea y comunicarse con nosotros; ¿quién le garantiza acceso cuando lo necesita?», pregunta Laura Hernández, madre de familia en la alcaldía Iztapalapa.
Las autoridades de la SEP han señalado que la norma busca reducir distracciones y episodios de acoso escolar que se facilitan con contenido compartido por móvil. Estudios internacionales, incluidos reportes de la OCDE, apuntan a que el uso no regulado de dispositivos puede afectar la atención y el rendimiento; sin embargo, especialistas en educación advierten que la solución no basta con una prohibición si no va acompañada de políticas para mejorar la infraestructura escolar y la alfabetización digital.
En la Ciudad de México, la implementación dependerá de criterios y protocolos locales: algunos planteles han optado por zonas de custodia dentro de la escuela, mientras que otros han establecido acuerdos con madres y padres para que el teléfono quede en casa. Defensores de derechos digitales llaman a evitar sanciones que penalicen a estudiantes por condiciones socioeconómicas y piden protocolos transparentes para el manejo de dispositivos confiscados.
La prohibición abre una ventana para repensar el uso de la tecnología en la educación: profesores, familias y autoridades deberán negociar reglas claras y equitativas. Si la política pretende mejorar la convivencia y el aprendizaje, necesitará acompañamiento: formación docente, opciones para el acceso a recursos educativos y canales de comunicación entre escuela y hogar.
Desde Ciudad de México, Juan Carlos Aguirre reporta que la transición promete menos distracciones, pero exige vigilancia ciudadana para que la norma no termine generando perjuicios a quienes menos recursos tienen. La SEP será el termómetro oficial, y la sociedad civil, el contrapeso que garantice que la medida cumpla su objetivo sin castigar a la comunidad educativa.