Sheinbaum exige respeto a la soberanía y respalda a la gobernadora interina de Sinaloa
Culiacán. Desde la capital sinaloense la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó cualquier injerencia extranjera en el llamado “caso Rubén Rocha Moya” y reafirmó el respaldo del Ejecutivo federal a la gobernadora interina, Graciela Domínguez. En declaraciones reproducidas por la Presidencia de la República, la mandataria pidió respeto a las instituciones mexicanas y subrayó que la relación con otros países debe basarse en la cooperación, no en la intervención.
La intervención pública ocurrió en un contexto de alta sensibilidad política para Sinaloa: la salida temporal o definitiva del gobernador Rubén Rocha Moya —un episodio que ha generado atención nacional— ha puesto sobre la mesa no sólo el relevo en el poder local sino también las limitaciones y posibilidades del Estado frente a presiones externas. Según la versión oficial difundida por Presidencia, Sheinbaum dijo que el gobierno mexicano no permitirá que acusaciones o presiones externas determinen la agenda política interna.
El pronunciamiento de la presidenta mezcla firmeza retórica con un reclamo pragmático: pedir respeto a la soberanía no equivale a cerrar canales de cooperación. “Podemos y debemos colaborar con Estados Unidos y con otros países en seguridad, migración y economía, pero eso tiene que hacerse respetando nuestros procedimientos y garantías”, señaló, según el comunicado.
Desde una perspectiva crítica, la exigencia de no intervención es legítima, pero no resuelve las dudas que puedan existir sobre posibles irregularidades. La ciudadanía exige respuestas claras y procesos judiciales eficientes: el Estado mexicano está obligado tanto a defender su soberanía como a garantizar transparencia y debido proceso. En otras palabras, la defensa de la autonomía no puede servir de cortina de humo para evitar investigaciones serias.
Graciela Domínguez, la gobernadora interina que recibió el respaldo público, enfrenta el reto inmediato de gobernar en un clima de polarización. Su papel será clave para restablecer certidumbre en la administración estatal, atender las necesidades de seguridad y servicios públicos, y abrir canales de diálogo con la Federación. La Presidencia, según su propia nota, ofreció cooperación institucional siempre que se respete el marco legal y los derechos de las personas involucradas.
Lo que está en juego trasciende a los actores: afecta la vida cotidiana de las familias en Sinaloa. La percepción de inestabilidad espanta inversiones, tensiona el empleo y complica la acción policial y judicial. Por eso resulta pertinente pedir claridad sobre los hechos, plazos precisos para las indagatorias y mecanismos de rendición de cuentas que los ciudadanos puedan medir.
Fuentes oficiales consultadas por Presidencia y declaraciones públicas de la propia mandataria aportan la versión del gobierno. Queda pendiente que las instancias judiciales y de derechos humanos actúen con independencia y que la diplomacia entre gobiernos privilegie la cooperación basada en el respeto mutuo. Así se evitará que la defensa de la soberanía se convierta en una barrera para la justicia.
Mientras tanto, la calle y la política observan: la exigencia de Sheinbaum a Washington marcará la agenda de las próximas semanas, pero el juicio final lo darán los hechos verificables, los procesos transparentes y la capacidad de los gobiernos, local y federal, para dar respuestas que mejoren la seguridad y la calidad de vida en Sinaloa.
Fuente: Presidencia de la República.