País en tensión: Congreso aprueba 90 días más de estado de excepción
El Parlamento boliviano aprobó esta semana la ampliación por 90 días del estado de excepción que el presidente Rodrigo Paz decretó hace semanas, una medida que autoriza la movilización de fuerzas militares para contener las protestas que sacuden al país. Nuestra corresponsal Nathalie Iriarte reporta desde La Paz que la decisión aviva la preocupación ciudadana y las dudas sobre el equilibrio entre orden público y derechos fundamentales.
El Gobierno sostiene que la prórroga es necesaria para restablecer la normalidad ante bloqueos, cortes de ruta y enfrentamientos que han paralizado el comercio y afectado el abastecimiento de hospitales y escuelas. Fuentes oficiales consultadas por Nathalie Iriarte argumentan que la medida busca proteger servicios básicos y garantizar la seguridad de la población.
En las calles, sin embargo, comerciantes y trabajadores sienten que la respuesta es desproporcionada. «Venimos perdiendo ventas desde hace meses; ahora tenemos miedo a salir», dice una vendedora del mercado Rodríguez, voz recogida por nuestra corresponsal. Para muchas familias, el estado de excepción no solo es una herramienta de seguridad: es un telón que complica la vida diaria y restringe el derecho a manifestarse.
Desde la mirada de la izquierda crítica y social, la medida muestra el fracaso de políticas económicas que han empujado a amplios sectores al enfrentamiento. Los analistas consultados señalan que sin respuestas concretas en empleo, precios y diálogo social, la militarización de la gestión del conflicto puede calmar temporalmente el orden público pero agravar la desconfianza y la exclusión.
El uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna es un punto de fricción legal y político. Organizaciones de derechos humanos y sectores sociales han advertido sobre el riesgo de excesos y piden mecanismos de control claros. La protección de la libertad de expresión y de reunión debe coexistir con la necesidad de seguridad; la pregunta es quién vigila al vigilante.
El impacto económico ya se nota en pequeñas historias cotidianas: proveedores que no pueden llegar a los mercados, padres que pierden días de trabajo por piquetes y ambulancias retrasadas por cortes. «La economía no entiende decretos; entiende movilidad y confianza», reflexiona un pequeño empresario entrevistado por Nathalie Iriarte.
Frente a la prolongación del estado excepcional, voces del mundo académico y sindicatos proponen una hoja de ruta alternativa: negociación con representantes sociales, medidas de alivio económico dirigidas a los más afectados y comisiones de seguimiento independientes que involucren a la Defensoría del Pueblo y a organizaciones civiles.
El Congreso podrá justificar la prórroga en términos de seguridad, pero la sostenibilidad política de la medida depende de su capacidad para generar soluciones estructurales. Si el estado de excepción se mantiene sin políticas sociales que atiendan las causas del conflicto, el país corre el riesgo de encender un incendio que las batas militares no podrán apagar.
Informe de Nathalie Iriarte para este diario. Seguiremos cubriendo la evolución de la situación y el llamado de distintos sectores a priorizar el diálogo y la protección de derechos en medio de la crisis.